El IBL no es un aspecto de la transición – El monto de la pensión se determina con las reglas del Régimen General

Como todos sabemos, las personas que quedaron amparadas por el régimen de transición creado por el Artículo 36 de la ley 100 de 1993, adquirieron el derecho a jubilarse con fundamento en el régimen pensional al cual se encontraban afiliados al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones (ley 100/93).

Recordemos el texto del art. 36 en comento: 

“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.” (He resaltado)

Pues bien, antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones (ley 100 de 1993), la situación pensional de los servidores públicos que no tenían un régimen pensional especial, se regía por lo dispuesto en la ley 33 de 1985, que en su artículo 1º disponía: 

“Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. (Texto original sin negrillas).

“No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

“(…)”

Pues bien, los servidores públicos que ingresaron al régimen de transición, por encontrarse en ese momento dentro de los supuestos de hecho de la norma que se viene de transcribir, entendieron – con toda razón- que al tener derecho a que se les aplicara el régimen pensional establecido en la ley 33 de 1985, para la liquidación de su pensión debía  tomarse como ingreso base de liquidación (IBL) el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Dicho en otras palabras: el salario promedio mensual del último año de servicios.

Sin embargo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al interpretar el alcance del artículo 36 de la ley 100/93 (que creó el régimen de transición), consideró que cuando el mencionado artículo dice: “…La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez (…) será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.(…)” la expresión “monto de la pensión de vejez” no se debe entender como el valor de la pensión, sino que aquí monto equivale al porcentaje que se le debe aplicar al IBL. Y que éste, es decir el  IBL, se establece de conformidad con las reglas del Sistema General de Pensiones (Ley 100 de 1993), es decir con base en el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 10 años, (Ley 100 de 1993, artículo 36), o en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho a la pensión si éste fuere menor, y no teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados en el último año (artículo 1° Ley 33 de 1985)

Hace unos días, la Corte Constitucional tuvo oportunidad de ocuparse del caso de un servidor público beneficiario del régimen de transición, a quien se le liquidó la pensión tomando como IBL el correspondiente al salario promedio devengado por el trabajador durante los últimos 10 años, lo cual lo llevó a acudir a la acción de tutela por considerar que se le estaban vulnerando sus derechos fundamentales  a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, toda vez que en su criterio tenía que tomar en cuenta el promedio de los salarios devengados en el último año tal como lo establecía el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.

Adujo el demandante que caso se aplicaron indebidamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 incisos 2º y 3º, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, 1º de la Ley 62 de 1985, artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, y artículos 68 y 75 del Decreto 1848 de 1969, pues su pensión debía ser liquidada teniendo en cuenta el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio en el que se incluyen todos los factores salariales. Precisó que el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 conservó para sus beneficiarios la aplicación de la norma anterior, en lo relativo a edad, tiempo de servicios y monto de la prestación.

La Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que “el ingreso base de liquidación IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en el régimen general, las que deben aplicarse para establecer el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca. De otro lado, resaltó que mediante auto A-326 de 2014, por el cual se resolvió la solicitud de nulidad de la sentencia T-078 del mismo año, la Sala reafirmó la interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecida en el referido fallo C-258 de 2013, en el que por primera vez la Sala analizó el IBL, en el sentido en que, el modo de promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en razón a que el régimen de transición solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el promedio de liquidación.

Así, la Corte confirmó la sentencia de segunda instancia, que negó la tutela interpuesta por el actor.

Comunicado No. 16. Corte Constitucional. Abril 29 y 30 de 2015

EXPEDIENTE T-3.558.256 - SENTENCIA SU-230/15 (abril 29) M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

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5 Opiniones
  1. Raul Erazo Franco dice:

    Concejo de estado legisla en cuanto que las pensiones de prima media se promedian con el salario del ultimo año

    • Raul Erazo Franco dice:

      Concejo de estado legisla en cuanto que las pensiones de prima media se promedian con el salario del ultimo año

      • Alonso Riobó Rubio dice:

        Varias precisiones:

        1. El Consejo de Estado, al igual que las Cortes, los Tribunales Superiores y los jueces, no pueden legislar por cuanto dicha facultad le corresponde únicamente al Congreso de la República. (Y no vamos a hablar aquí del llamado "gobierno de los jueces").

        El legislativo (Congreso) hace las leyes, el ejecutivo (gobierno) vela por el cumplimiento de las mismas, y el poder judicial (Cortes, Tribunales y jueces) investiga y sanciona a quienes las incumplen.

        2. Sobre la manera como se estructura el IBL (ingreso base de liquidación, o sea el salario con base en el cual se liquida la pensión) la corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado tienen posiciones antagónicas. La Corte Constitucional se alinea con la Corte Suprema)

        Para la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional el IBL se configura con base en el salario promedio mensual con el cual el trabajador cotizó durante los últimos 10 años, debidamente indexados. (ojo, últimos 10 años de cotización, no de vida). O sea, que para estructurar el IBL se utiliza el procedimiento contenido en la ley 100 de 1993.

        Para el Consejo de Estado, dicho IBL se obtiene con el promedio mensual con base en el cual el trabajador cotizó durante el último año. Es decir se que para ello no se aplica la ley 100 de 1993 sino la del régimen pensional anterior a la expedición de la mencionada ley.

        De esa manera, a los servidores públicos se les aplica la tesis del Consejo de Estado. Y a los trabajadores del sector privado, la tesis de las Cortes Suprema y Constitucional.

        Nota: este comentario está elaborado en términos muy sencillos con el fin de que todos los lectores nos entiendan. La aclaración vale la pena por cuanto algunos nos podrían atribuir falta de técnica jurídica.

        Saludos,

  2. walter herrera dice:

    Colpensiones continua aplicando la SU 230 DE 2015 PARA EMITIR RESOLUCIONES MAL LIQUIDADAS , en contra de los empleados públicos, desconociendo aún a los regímenes exceptuados y que nada tienen que ver con el RÉGIMEN DE TRANSICIÓN de la LEY 100 de 1993, COMO EL CASO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPEC , cobijados por la LEY 32 DE 1986.

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