El Senado de la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica instauran tutela contra la Subsección de la sección tercera del Consejo de Estado

Este año el Consejo de Estado a través de la sección tercera ha emitido dos sentencias condenando al Congreso de la República a pagar por los daños causados a los contribuyentes al expedir impuestos que posteriormente son declarados inconstitucionales.

Uno de esos fallos es el expediente 28741 del 26 de marzo de 2014 donde la subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado, declaró responsable al congreso de la república por el daño antijurídico que causo con la expedición de una ley que contemplaba la tasa especial de servicios aduaneros que posteriormente fue declarada inconstitucional, y en ese sentido condenó al congreso a pagar 1.500 millones.

Ante esto, el Congreso no se quedó atrás y mediante el presidente del Senado y la Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, instauraron acción de tutela contra la sentencia proferida por el Consejo de Estado, por violar el debido proceso.

En la acción de tutela se lee:

“Se debe indicar que la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, adoptó una sentencia, que contiene tanto en los fundamentos de derecho, como en la decisión definitiva, unas evidentes falencias vulneratorias del derecho fundamental al debido proceso, susceptible, por tanto, de ser cuestionada a través de una acción de tutela como la que se promueve con este escrito.

Tal y como lo ha determinado con claridad la Corte Constitucional, dado el carácter excepcional y restrictivo de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es necesario que el caso concreto cumpla con determinados requisitos de procedibilidad: “unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto”. Con base en lo anterior, en este acápite del escrito de tutela, se estudiarán en primer lugar, los denominados requisitos de carácter genera (A); para posteriormente, entrar en la constatación de los de carácter específico (B); los que sumados, deberán dar lugar a la procedencia de la acción de tutela, y a la protección del derecho fundamental que se alega como vulnerado.”

Este es un tema que toma especial trascendencia pues se trata de declarar responsable al legislativo que como sabemos tiene un amplio margen de configuración del tributo. En igual sentido, se debe reconocer el momento exacto en el cual se configura el daño como antijurídico, pues como lo expresa igualmente los accionantes, solo se deberá distinguir cosa que no fue objeto de análisis en la sentencia, el momento de creación del daño, el momento de consolidación del daño, y el momento de concreción de la antijurícidad del mismo.

Para ilustrar un poco más el tema, adjuntamos video de  la ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez donde explica la responsabilidad del Estado por medidas de carácter tributario.

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