El servicio militar obligatorio y el conscripto lisiado o muerto en combate

Entre tantos ires y venires de las lánguidas negociaciones de La Habana, en las que se habla de todo pero poco se concluye, entra uno que guarda relación con el futuro de los conscriptos lisiados y el dolor de las familias de aquellos que murieron en una guerra a la que no querían ir, pero les tocó asumir.

Al efecto tengamos presente que las fuerzas armadas nutren sus filas de miembros voluntarios y conscriptos obligados [soldados regulares]; esto es, de aquellos que sienten un fervor patriótico hirviendo en su alma y que bien como soldados profesionales, suboficiales u oficiales se entregan a “…la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional…”, y de estos, que solo por la obligación de hacerlo pasan a conformarlas, obligación que quizá riñe con el Postulado del Artículo 216 de la Carta Política señalante palabras más, palabras menos que, todos los colombianos tienen la obligación de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.

La Corte Constitucional en reiteradas sentencias tanto de Constitucionalidad como de Revisión de Tutela, destacando la C-511 de 1994, y las  T-409 de 1992, T-363 de 1995, T-699 de 2009 y T-218 de 2010, ha fijado limites y singularidades frente al tratamiento del ciudadano que en una u otra circunstancia, por voluntad u obligación se encuentra inmerso en la actividad militar, rescatando que dicho sometimiento al riesgo “… no puede suponer la negación, restricción o deformación de los derechos que también ese o cualquier individuo tiene la posibilidad de ejercer…” y en tal sentido “…las autoridades militares deben poner todo el empeño y diligencia posible para proteger la vida de los soldados colombianos, y hacer todo lo que esté a su alcance para que su estadía de éstos en el Ejército Nacional sea lo más humana, dignificante y enriquecedora…”, bajo este paradigma sentó de manera general las bases de la responsabilidad objetiva patrimonial del Estado por falla en el servicio a consecuencia de actos propios del servicio, sentando el siguiente postulado

“El Ejército Nacional sí atenta contra el derecho fundamental a la vida de los soldados bachilleres, o al menos lo amenaza de manera ostensible, cuando envía soldados menores de edad a zonas donde se pueden estar presentando combates o cuando envía a los soldados mayores de edad, sin la preparación militar, técnica y psicológica suficiente, a zonas especialmente conocidas por la presencia de grupos guerrilleros. La transferencia de un soldado a las zonas de combate es algo más que un simple traslado, habida cuenta del mayor riesgo que representa, particularmente en áreas de permanente y nutrida confrontación entre las fuerzas regulares y los escuadrones subversivos. En condiciones de mayor edad y plena preparación y entrenamiento en el campo militar, tal transferencia no es extraña ni ilegítima y, por el contrario, resulta indispensable para que el Ejército cumpla su función, pero no debe darse cuando el soldado afectado por ella es menor o carece del más mínimo entrenamiento”.

, que desarrollado por el Consejo de Estado a través de su Sección Tercera Subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa bajo el  principio iura novit curia [el juez conoce la ley y la victima solo debe probar los hechos;  la entidad demandada probar el rompimiento del nexo causal por culpa exclusiva de la victima, fuerza mayor o la acción de un tercero], el 15 de mayo 2011, a través del hoy celebre Fallo Radicado 52001-23-31-000-1998-00515-01 (18747)  dentro de Acción de Reparación Directa, REVOCO íntegramente el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Nariño y declaró a La Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional, administrativamente responsable por los perjuicios sufridos por las víctimas demandantes con ocasión de las lesiones permanentes padecidas por un soldado regular en incumplimiento del deber positivo de protección de los derechos de los soldados con ocasión de la toma guerrillera de las Delicias, en el Departamento del Putumayo, el 30 de agosto de 1996, condenándolo a pagar las indemnizaciones de conformidad.

Debiendo recordarse que la muerte de 26 soldados regulares, las heridas de otro tanto y la aprehensión del resto del contingente destinado a este puesto militar obedeció a una serie desafortunada de acciones y omisiones del cuadro de mando encargado de la base, que a la postre determinaron la salida sin pena ni gloria, esto con separación absoluta, del Brigadier General de Infantería del Comando Unificado del Sur Jesús María Castañeda Chacon y el Teniente Coronel del Batallón de Infantería No. 49, José Claudio Bastidas Javela por incumplimiento a los deberes para con las Fuerzas Militares.

De esta forma, se abrió la posibilidad en cuanto que sea el Estado y no las fuerzas insurgentes las que deban reparar los daños causados a los conscriptos en los enfrentamientos con esta, de tal forma que, pretendiendo trasladar culpas propias, quizá no nos encontremos ante una nueva cortina de humo del gobierno en el Paseo de La Habana.

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