En el proceso de cobro coactivo no se pueden discutir aspectos que debieron discutirse en la vía gubernativa

Cuando la Dian inicia un proceso de cobro coactivo el contribuyente cuenta con una serie de recursos que puede interponer, como pueden ser las excepciones que contempla el artículo 831 del estatuto tributario, pero no puede discutir aspectos que debieron alegarse en la vía gubernativa.

Cuando se llega a la etapa del  cobro coactivo se supone que ya existe un acto administrativo en firme  que constituye un título ejecutivo que sirve a la Dian para iniciar el cobro coactivo, y en ese sentido ya no hay oportunidad para alegar nada previo a la firmeza del acto administrativo, como puede ser el caso de una liquidación de revisión que se practicó cuando ya la liquidación privada había quedado en firme, situación que abordó la sección cuarta del Consejo de estado en sentencia 16976 del 26 de octubre de 2009 con ponencia del magistrado Héctor Romero Diaz:

Aunque el título ejecutivo es la liquidación oficial ejecutoriada (artículo 828 [2] del Estatuto Tributario) y la excepción de falta de ejecutoria del título, tiene por objeto cuestionar la firmeza del mismo, en el proceso de cobro la demandante está cuestionando la legalidad de la liquidación oficial, pues, a su juicio, ésta es nula porque se profirió estando en firme la declaración privada, dado que el emplazamiento para corregir no tuvo la virtualidad de suspender el término de firmeza de la declaración, por no haber sido notificado en debida forma.

El análisis en mención no puede ser objeto del proceso de cobro, pues, el artículo 829-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 105 de la Ley 6 de 1992, prohíbe debatir, dentro del procedimiento administrativo de cobro, cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa, por cuanto para cobrar administrativamente una obligación fiscal, el título ejecutivo debe estar en firme. Si existen cuestionamientos en relación con los actos ejecutoriados que constituyen título ejecutivo, el interesado debe interponer los recursos administrativos correspondientes y, posteriormente, si es del caso, acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa .

En efecto, si, una vez surtida la vía gubernativa, el deudor pretende discutir la legalidad de los actos administrativos ejecutoriados que le impongan la obligación de pagar una determinada suma de dinero a favor  del fisco nacional o, lo que es lo mismo, cuestionar la validez misma del título ejecutivo en su contra, debe demandar tales actos en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, si existe proceso administrativo de cobro puede, en el trámite del mismo, proponer contra el mandamiento de pago la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 831 [5] del Estatuto Tributario, pues se encuentra en discusión la legalidad del acto administrativo que sirve de título ejecutivo y es la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la que debe decidir si los actos administrativos en firme, y por ende, obligatorios (artículos 66 ibídem), deben o no continuar haciendo parte del ordenamiento jurídico.

Es claro que si un acto administrativo ha quedado en firme, es porque en la vía gubernativa no hay nada que hacer ya, y la única opción es  el control jurisdiccional de dicho acto administrativo, caso en el cual el procede la excepción dispuesta  en el numeral 5 del artículo 831 del estatuto tributario, lo que implica “suspender” el cobro coactivo hasta tanto no haya una pronunciación definitiva de la justicia administrativa como lo dispone el numeral 4 del artículo 829 del estatuto tributario, pero en todo caso hay que revisar que aún se tenga la oportunidad legal para ello, y sobre todo, que efectivamente se haya agotado la vía gubernativa, presupuesto indispensable para poder recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa.

Lo anterior pone de relieve lo importante que resulta atender debidamente cada paso o proceso de la vía gubernativa para no llegar a un punto como el referido en la jurisprudencia aquí transcrita. En definitiva es necesario atender con toda diligencia cada requerimiento de la autoridad tributaria.

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Una opinión
  1. Felipe dice:

    Absolutamente cierto, es por eso que esta etapa del procedimiento es adecuado dejarla en manos del abogado tributario. Los contadores suelen temerariamente interponer recursos de reconsideración por la solicitud del contribuyente de ahorrarse la asesoría del abogado tributario; desconociendo las graves consecuencias y posibles beneficios, que tiene la limitación de no conocer la minuciosidad del procedimiento tributario. Es tan así, que dentro del gremio de los abogados pocos dominan el área tributaria procedimental, dado su particularidad.

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