En un proceso de cobro coactivo se deben vincular a los herederos

En un proceso de cobro coactivo, la administración tributaria debe vincular al proceso a los herederos que tuviere el deudor principal si este ha fallecido, con el objetivo de garantizarles a los herederos el derecho a la defensa por cuanto se verán afectados en el proceso de determinación y cobro de los impuestos a que haya lugar.

En ese sentido se pronunció la sección cuarta del Concejo de estado en sentencia 18075 del 28 de febrero de 2013, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas:

La Sala considera que, en efecto, este era el hecho más relevante puesto que cualquier discusión de fondo sobre la causación del impuesto predial y la prescripción de las obligaciones causadas en contra de los demandantes y no pagadas, debía y debe hacerse con el concurso de Ana Tulia Curiel Acosta y Julio Alfonso Curiel Acosta. La calidad de herederos que tienen los demandantes obligaba a la administración a vincularlos, en calidad de deudores solidarios, en las actuaciones administrativas que los afectaran, en garantía de su derecho de defensa, tal como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-1201 de 2003. En esa sentencia, la Corte Constitucional decidió declarar exequible de manera condicionada el artículo 9 de la Ley 788 de 2002, que dispuso que los títulos del deudor principal lo serán de los deudores solidarios. La Corte consideró que para que el título del deudor principal lo sea del deudor solidario, a tales deudores solidarios se les debía vincular en calidad de litis consortes en los procesos administrativos de determinación del impuesto. Por eso, dijo que en esas actuaciones administrativas se debía aplicar el artículo 28 del C.C.A. que dispone que cuando de las actuaciones administrativas iniciadas de oficio se desprenda que hay particulares que pueden resultar afectados en forma directa, se les debe comunicar la actuación. En todo caso, la Sala precisa que la vinculación de los deudores solidarios en los procesos de determinación de impuestos y en los procesos administrativos de cobro coactivo es obligatoria a partir de la comunicación de la sentencia C-1201 de 2003, y respecto de las actuaciones administrativas iniciadas a partir de la comunicación del fallo aludido, pues, para las actuaciones administrativas nacidas con anterioridad a esa sentencia, la Sala ha sido del criterio de que para la vinculación de los deudores solidarios bastaba la notificación del mandamiento de pago.

Respecto al artículo 28 del código contencioso administrativo referido en la sentencia, hay que decir que este fue derogado por la ley 1437 de 2011, y esta misma ley  a su vez, y en nuestro entender, recogió su contenido en el artículo 73:

“Publicidad o notificación a terceros de quienes se desconozca su domicilio. Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación personal.”

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