El mito de la entrega de las llaves y la restitución efectiva del inmueble arrendado

Para algunos resultará extraño, para otros  anecdótico, y para algunos curioso que el Artículo 2006 del Código Civil, aun hoy después de algo más de cinco lustros, se considere que opera de facto como hasta entonces hizo carrera entre la baranda y el café de la esquina.

Retomemos la referencia normativa:

 “… La restitución de la cosa raíz se verificará desocupándola enteramente, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las llaves, si las tuviere la cosa…”

Fue el caballito de batalla de los arrendatarios de entonces que no solo buscaban extra-tiempo terminar sus contratos de arrendamiento, sino impedir la renovación/prórroga automática, como también, salirle adelante al arrendador que se ocultaba un mes antes de la terminación del contrato para que el arrendatario no pudiese hacerle “restitución formal” y entonces vincularlo un año más al inmueble en el que ya no quería permanecer.

Hacemos memoria de la teoría que hizo carrera en cuanto que desocupando el inmueble y enviando las llaves por correo certificado, dejándolas debajo de la puerta, entregándoselas al vecino, tirándoselas en la cara al arrendador en la presencia de dos testigos, o, en curso,  en ese entonces, el Proceso de Lanzamiento, poniendo las llaves a disposición del juzgado, se tendría por restituido el inmueble,  liberando en cualquiera de los eventos al arrendatario de los cargos económicos subsecuentes por renta causada.

No obstante dichas folclóricas maniobras constituyeron un referente marcado a la hora de celebrar cualquier contrato de arrendamiento, en si constituyeron un caos judicial al momento de dirimir controversias frente al tema, pues para unos era válido y para otros una afrenta, de tal forma que dependiendo el juzgado y la mayor o menor compasión que inspirara el arrendatario se validaba o no la invocación de facto del Artículo 2006 del Código Civil.

Fue solo con las reformas estructurales de 1989 al Código de Procedimiento Civil que de alguna manera blindaban la Ley 56 de 1985, en especial el Inciso 2º del Artículo 426, [hoy Inciso 2º del Artículo 385 del C. G. del P.] que paulatinamente extinguieron la ya embutida costumbre, al determinarse no obstante titularse el acápite “otros procesos de restitución de tenencia”, que:

“…También se aplicarán (sic) lo pertinente, a la demanda del arrendatario para que el arrendador le reciba la cosa arrendada. En este caso, si la sentencia fuere favorable al demandante y el demandado no concurre a recibir la cosa el día de la diligencia, el juez la entregará a un secuestre, para su custodia hasta la entrega a aquél, a cuyo cargo correrán los gastos del secuestro…”

Significante ya formalmente que, la facultad que concede al arrendatario, el Artículo 2006 del Código Civil, no opera de facto, sino regularizada a través de una actuación judicial que la convalidara previa notificación al arrendador.

La presente semblanza, por cuanto curiosamente la práctica aun aisladamente se pretende validar en algunos rincones del país, pero sorprendentemente en pleno Siglo XXI en la Capital del País, donde hemos tenido que asistir a los malabares    impávidos que una Profesional del Derecho debe afrontar ante uno de los famosos Juzgados de Des-Congestión que en un proceso de restitución de tenencia por mora en el pago de la renta, en el cual los arrendatarios se hicieron parte consignando la renta sobreviniente hasta que decidieron desocupar el inmueble y hacer entrega de las llaves a través de memorial, en la sentencia, no obstante reconocer dicho incumplimiento,  tiene por terminado el contrato de arrendamiento en dicho momento.

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