¿Es viable un proceso ejecutivo cuando las dos partes del contrato lo han incumplido?

Inicio » Derecho civil. » (14 / 09 / 2012 )

Cuando se firma un contrato que preste mérito ejecutivo, quien incumpla lo pactado en el contrato puede ser demandado ejecutivamente por la otra parte. ¿Pero qué sucede si las dos partes han incumplido?

Si las dos partes han incumplido, en realidad no se podrán  demandar mutuamente, puesto que prosperaría  la acción ejecutiva de quien la imponga primero, lo cual luce por lo menos injusto.

Para abordar este tema, traemos a colación el caso de un contrato de arredramiento que fue incumplido por las dos partes: el arrendador y el arrendatario.

El arrendador, quien en realidad no podía celebrar un contrato de arrendamiento por cuando no era propietario del inmueble sino que era también arrendatario y no estaba autorizado para  subarrendar, incumplió el contrato con el “subarrendatario” en vista a que el propietario del inmueble le terminó el contrato de arrendamiento por haber subarrendado sin su autorización, y a la vez al subarrendatario incumplió al contrato al no pagar los cánones de arrendamiento por obvias razones.

El arrendatario que subarrendó, demandó ejecutivamente al “subarrendatario”,  a lo que el juez de segunda instancia accedió, fallo con  el que el “subarrendatario” no estuvo de acuerdo por cuanto si  bien incumplió con el pago de los cánones de arrendamiento pactados, lo hizo en vista a firmó nuevo contrato de arrendamiento con la propietaria del local, ya que el contrato de arrendamiento anterior  había sido terminado por las razones ya expuestas. Es apenas lógico que no quisiera pagar dos cánones de arrendamiento a dos personas diferentes sobre un mismo inmueble.

El subarrendatario decidió entonces recurrir a la acción de tutela y la corte constitucional en sentencia T-537 de 2009 la concedió argumentante entre otros aspectos lo siguiente:

(…) Cuando el juez aprecia que, como en el caso que nos ocupa, las dos partes involucradas en la relación negocial fueron reticentes al cumplimiento y que, por el contexto en que se desarrolló, esto no fue producto de caso fortuito o fuerza mayor en ninguno de los extremos de dicha relación, debe llegarse a la convicción que ninguno de los dos estuvo presto a honrar las prestaciones debidas fruto del contrato de arrendamiento entre ellas celebrado. En este escenario le es preceptivo por parte del juez, en actuación de criterios de equidad y equilibrio negocial, aplicar la excepción de contrato no cumplido y declarar, en uso de la función jurisdiccional de que está investido, el final de la relación contractual por mutuo disenso. (…)

En este enlace se puede consultar la sentencia completa, lo cual recomendamos, pues allí se puede contemplar a sus anchas lo que es la mala fe de algunas personas y el los escasos escrúpulos de algunos abogados que se hacen cargo de este tipo de procesos, en donde, como dice la corte, la mala fe y la deslealtad del demandante son abrumadoramente evidentes.

La respuesta a la pregunta planteada en el título de este editorial, es que de presentarse tal situación, lo que el juez debería hacer es declarar “el final de la relación contractual por mutuo disenso”.

Material para complementar

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Una opinión
  1. José Villa dice:

    ESTE ES UN DOCUMENTO MUY IMPORTANTE :
    "X" y "Y" se incumplen mutuamente en el contrato que los relaciona.
    "X" toma en arriendo un local sin facultades de subarrendar. Le arrienda una parte del local a "Y", haciéndose pasar por dueño. Varios años después la verdadera dueña se da cuenta de la "viveza" de "X" (quien incumplió la cláusula de no poder subarrendar) y le da por terminado el contrato a "X", éste no dice ni pío. "Y" se da cuenta entonces que a él "X" lo había engañado y que lo que existía era un subarriendo de manera ilegal, pues carecía del permiso de la verdadera dueña. Al terminarse el contrato de "X" con la verdadera dueña, "Y" hizo entonces con ésta un nuevo contrato y desconoció el contrato que varios años atrás le había firmado a "X". De aquí en adelante "Y" siguió pagandole solo a la verdera dueña (No era justo que también le siguiera pagando al mismo tiempo a "X", qué tal, tener que pagar dos arriendos sobre un mismo local, un pago a la dueña y otro al "vivo" de "X").
    El incumplido "X", que le incumplió a la dueña, demanda al incumplido "Y", quien dejó de cumplirle a "X".
    El Juzgado 23 Civil Municipal de Bogotá, que conoció del caso, profiere Sentencia favorable a "Y" el 13 de abril de 2007.
    "X" apela, el proceso pasa al Juzgado Civil 40 del Circuito de Bogotá.
    Este Juzgado en Segunda Instancia falla increíblemente a favor del "vivazo" de "X", mediante Sentencia 0510 de Octubre de 2007.
    El pobre "Y" interpone una bien argumentada Tutela.
    Tanto la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, como la Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, expiden sendos fallos diciendo que la Tutela era improcedente pues ya existía una Sentencia Judicial de Segunda Instancia y que Tutelas sobre Sentencias no proceden.
    La Tutela llega a la Corte Constitucional y ésta dice : SI PROCEDE!, y revoca el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá como el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y ordena que en el término de 48 horas se expida Sentencia definitiva e inapelable a favor de "Y".
    La Corte Constitucional dice que el Juez Civil 40 del Circuito de Bogotá, incurrió en : ERROR FACTICO, en ERROR SUSTANCIAL,VIOLO LA CONSTITUCION NACIONAL E INCUMPLIO EL DEBER CONTENIDO EN EL PRIMER INCISO DEL ART.306 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL NI APLICO CRITERIOS DE JUSTICIA MATERIAL, NO TUVO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y EQUILIBRIO NEGOCIAL EN MATERIA CONTRACTUAL. También le dice es este juez de segunda instancia que, EL ELEMNTO BASICO DEL CARACTER NORMATIVO DE NUESTRA CONSTITUCION IMPLICA DESARROLLAR EL PRINCIPIO DE INTERPRETACION. Le dice que, la interpretación de la Ley teniendo en cuenta los parámetros constitucionales NO ES ALGO OPCIONAL DE ADMINISTRAR EN JUSTICIA y su desconocimiento de ésto lo llevó a optar soluciones "formalmente legales" pero SUSTANCIALMENTE contrarias a principios de rango constitucional, es decir, contrarias a los valores propugnados por nuestra constitución como por ejemplo el valor de JUSTICIA. Además le dice que, en las relaciones contractuales el principio de buena fe se manifiesta con un contenido de lealtad, honestidad, claridad y quilibrio. Dice que este juez de segunda instancia, desconoció el derecho al debido proceso de "Y", no tuvo en cuenta que la excepción, "CONTRATO NO CUMPLIDO" era suficiente y la adecuada para dar por terminado el contrato entre "X" y "Y" por "MUTUO DISENSO", no tuvo en cuenta que "X" había actuado de mala fe, de manera desleal y deshonesta.
    A los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, les dice la Corte Constitucional : En la Sentencia de Segunda Instancia proferida por el juez civil 40 del circuito de Bogotá se realizó una interpretación constitucional de la Ley lesiva a los derechos fundamentales y para corregir la situación que ha creado este juez PROCEDE la Tutela porque a estas instancias no existe otra vía procesal para la protección del derecho y ante la inexistencia de recursos ordinarios para controvertir esta Sentencia, la Tutela es la vía apropiada para corregir la vulneración al debido proceso, el cual en este caso fue violado. Esa Sentencia es contra los principios constitucionales, no puede legitimarse, tiene que ser ANULADA para restablecer la SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.
    Tremenda cátedra a los jueces y magistrados que conocieron de este asunto, es la que les ha dado la Corte Constitucional. A profesionales de este talante debería aplicárseles también las exigencias que el químico senador ZAPATA propone para los C.P. en su Proyecto de Ley 077 de 2011.
    Tendríamos entonces : Profesionales del derecho privados, Profesionales del derecho para litigar, Profesionales del derecho para fungir como jueces, Profesionales del derecho para fungir como magistrados de tribunales superiores, Profesionales del derecho para actuar como magistrados de las altas cortes, Profesionales del derecho para desempeñar otros cargos públicos y Profesionales del derecho preparadores de documentos legales.

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