Excepción de pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos

Cuando la administración trata de ejecutar su acto, el interesado puede presentar su oposición alegando que dicho acto ha perdido ejecutoriedad; en cuyo caso a la administración le corresponde suspender la ejecución efectuada y resolver la oposición presentada y fundada en la pérdida de fuerza ejecutoria. De conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la ley 1437 de 2011, la administración goza de un término de quince días en los cuales debe resolver la excepción.

La excepción de perdida de ejecutoriedad debe ser resuelta por la administración a través de acto administrativo, si se resuelve en contra del solicitante, este no podrá controvertirlo ya que contra dicho acto no procede recurso alguno, sin embargo si podrá demandar el acto ante la jurisdicción contenciosa.

En el decreto 01 de 1984 código contencioso administrativo derogado por la ley 1437 de 2011, la figura de la excepción de pérdida de ejecutoriedad se encontraba en el artículo 67, el cual señalaba lo siguiente:

“Cuando el interesado se oponga por escrito a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, quien lo produjo podrá suspenderla, y resolver dentro de un término de quince (15) días. Contra lo que se decida no habrá recurso alguno”. 

En el decreto 01 de 1984 para presentar excepción de perdida de ejecutoriedad de un acto administrativo cuando este se pretendía ejecutar por la administración, era requisito fundamental para ello que la excepción se presentara por escrito; la innovación de la ley 1437 de 2011, es que no necesariamente la oposición a la ejecución del acto debe presentarse por escrito, lo cual evidencia, que esta podrá presentarse de manera verbal.

Incluso se podría decir que con inclusión de las tecnologías al procedimiento administrativo que trajo la ley 1437 de 2011, el interesado puede presentar por correo electrónico la excepción de perdida de ejecutoriedad. Si la autoridad se pronuncia respecto a la excepción en contra del interesado este deberá controvertir el acto administrativo a través de los medios de control establecidos para ello.

Es la jurisdicción contenciosa administrativa la encargada de determinar si el acto mediante el cual se desconoce la perdida de ejecutoriedad de otro acto administrativo es legal o simplemente hay lugar a declarar su nulidad, lo cual implica que la administración no podrá ejecutar el acto que pretendía.

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