¿Exclusión de IVA en contratos de construcción de obra pública, aplica para consorcios y uniones temporales?

Sea lo primero recordar, que acorde al artículo 3 del decreto 1372 de 1992 “en los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios”; y que tratándose de construcción de obra pública, el artículo 100 de la ley 21 de 1992 dispone que los contratos “que celebren las personas naturales o jurídicas con entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden municipal estarán excluidas del IVA”.

Es bien sabido, también,  que para realización de los mencionados contratos de construcción de obra pública, es dable la intervención de las figuras de consorcios o uniones temporales, que por su esencia corresponden a contratos de colaboración empresarial”, pero que no son en sí mismas personas jurídicas; y siendo así las cosas, cabría el interrogante de si para tales figuras también aplica la exclusión del IVA consagrada en el aludido artículo 100 de ley 21 de 1992.

En tal sentido, es del caso precisar que mediante el concepto 069631 del 27 de septiembre de 2005 la Administración Tributaria precisó que “(…)es claro que los consorcios y uniones temporales en cuanto corresponden a una modalidad especial de “contratos de colaboración empresarial” (de la cual se derivan derechos y obligaciones entre los partícipes y de estos frente a terceros), no constituyen persona diferente de los miembros que los conforman, al punto que la misma Ley de Contratación Estatal autoriza para que dos o más personas, presenten en forma conjunta propuestas para la adjudicación de un contrato (Art. 6o Ley 80/93), atribuyendo a cada partícipe responsabilidad solidaria de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, pero conservando cada uno de los asociados o partícipes su autonomía jurídica y patrimonial. De tal consideración resulta que aun cuando la propuesta se presente en forma conjunta, los partícipes ejecutores y responsables del contrato, continúen dentro de las previsiones dispuestas por el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, y por lo tanto el contrato goce del tratamiento exceptivo dispuesto para efectos del IVA (Se subraya)”.

En el colegir de la Entidad, entonces, al no constituirse (en los consorcios y uniones temporales) una persona diferente de los consorciados o unidos temporalmente, tales personas naturales o jurídicas partícipes de esos “contratos de colaboración empresarias” podrán ser beneficiarios de la exclusión del impuesto sobre las ventas, en los referidos contratos de construcción de obra pública.

En ese orden, además, conviene hacer mención a lo señalado en el 012420 de 10 de febrero de 2006 en cuanto a que:

“...6Contratos de obra pública

En lo que concierne al tratamiento tributario de los contratos de obra pública es necesario precisar:

  1. a)Impuesto sobre las ventas

Por regla general, los contratos de construcción de inmueble, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 3° del Decreto 1372 de 1992, son gravados con el impuesto sobre las ventas, sobre la base de los honorarios o utilidad obtenidos por el contratista. Sin embargo, la Ley 21 de 1992, en su artículo 100, consagra la exclusión del impuesto sobre las ventas para los contratos de obra pública. Esta exclusión del gravamen es igualmente aplicable en el caso de los contratos celebrados con un consorcio o unión temporal (…)”.  (Resaltado por fuera del texto)

Finalmente, si bien los consorcios y uniones temporales no encasillan en los preceptos legales de “personas naturales y jurídicas” (exigidos para efecto de las exclusión del IVA en contratos de obra pública); ha de entenderse, también, la no sujeción de estas figuras, en virtud del no surgimiento de una nueva persona y dado que sus miembros conformantes (personas naturales y jurídicas)  seguirán siendo los titulares de los deberes y derechos derivados del respectivo convenio contractual.

No obsta, anotar además que la expuesta posición doctrinal ha sido recientemente ratificada por el oficio 12001 de abril de 2015.

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