Exclusión del valor patrimonial de los aportes sociales de la base gravable de las cooperativas, en el impuesto a la riqueza

Es de recordar que, tratándose del impuesto al patrimonio, el artículo 295-1 del E.T. – y en relación con las cooperativas – consagró que para efecto de la determinación de la base gravable de ese tributo se podía excluir “el valor patrimonial neto de los aportes sociales realizados por los asociados”.

Con referencia al impuesto a la riqueza, y haciendo alusión al mimos sector cooperativo, el numeral 9 del artículo 295-2 del E.T. señala que “los contribuyentes a que se refiere el numeral 4 del artículo 19 de este Estatuto, pueden excluir de su base el valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados”.

Resulta claro, que mientras en el impuesto al patrimonio era detraible – de la base gravable – “el valor patrimonial neto” de los aportes, para el recién creado impuesto a la riqueza, la disminución de la base gravable está dada por el “valor patrimonial” de esos aportes sociales; tal distinción, y como consecuencia matemática natural, implicará el beneficio de una menor base gravable del impuesto a la riqueza, en relación con el anterior impuesto al patrimonio.

De otro lado, no sobra advertir que para la debida depuración de la base gravable del impuesto a la riqueza el parágrafo 2 del artículo 295-2 del E.T. contempla que “los valores patrimoniales que se pueden excluir de la base gravable del Impuesto a la Riqueza se determinarán de conformidad con lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto. El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base gravable, es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1° de enero de 2015, a 1° de enero de 2016, a 1° de enero de 2017 en el caso de los contribuyentes personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1° de enero de 2015, 1° de enero de 2016, 1° de enero de 2017 y 1° de enero de 2018 en el caso de los contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas”.

Sería de entender, con fundamento en el transcrito referente, que acorde al concepto a disminuir de la base gravable, del impuesto a la riqueza, habrá de revisarse – según el caso – su “valor patrimonial” o su “valor patrimonial neto”; a manera de ejemplo, si el concepto a disminuir corresponde a acciones (numeral 2 artículo 295 E.T.) deberá acudirse al “valor patrimonial neto”, pero si el concepto evaluado son aportes sociales a cooperativas (numeral 9 artículo 295 E.T.) deberá darse aplicación al “valor patrimonial”.

Pese, pues, a la claridad contenida en el aludido artículo 295, y a pesar de la sabida diferencia entre “valor patrimonial” y “valor patrimonial neto”, se consultó a la Administración Tributaria sobre “El tratamiento de depuración para la base gravable de los aportes sociales realizados por los asociados a entidades del sector solidario, se determina conforme al parágrafo 2° del artículo 295-2”.

Interrogante ante el cual, la DIAN, responde manifestando que “el tratamiento de depuración para la base gravable de los aportes sociales realizados por los asociados a entidades del sector solidario, se determina conforme al parágrafo 2° del artículo 295-2”.

Precisa además, la postura Oficial, que “así las cosas, para las personas jurídicas el valor patrimonial que pueden depurar por aportes sociales a la base del impuesto a la Riqueza, se obtiene de la aplicación del siguiente procedimiento:

  1. Se obtiene un porcentaje que resulta de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto.
  2. Tal porcentaje así obtenido se multiplica por el valor patrimonial del bien, cuyo resultado es el que se debe excluir de la base gravable

En síntesis, si bien entonces la ley hace expresa alusión al “valor patrimonial” de los aportes sociales a excluir de la base gravable del impuesto a la riqueza, la interpretación de la Autoridad Tributaria limita su alcance al concepto de “valor patrimonial neto”; siendo así las cosas, no puede ser de recibo lo expresado por la doctrina oficial,  pues ello implicaría – de plano – el desconocimiento de lo claramente indicado en la norma superior.

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