¿Existe una acción de protección al consumidor?

Para exigir la protección de los derechos de los consumidores en principio existen dos acciones creadas por la ley 472 de 1998, como son la acción popular y la de grupo, sin embargo estas acciones tienen la característica de proceder cuando se vulneren derechos e intereses colectivos o se causen perjuicios a un grupo de veinte o más personas, tratándose específicamente de la acción de grupo.

Por otro lado, cuando el producto que es adquirido causa perjuicios al consumidor, este ante la jurisdicción ordinaria puede adelantar las acciones correspondientes contempladas en la normas de procedimiento civil; pero, además el consumidor posee una herramienta denominada acción de protección al consumidor.

La acción de protección al consumidor se encuentra regulada por la ley 1480 de 2011; el fin de esta acción es proteger al consumidor de cualquier vulneración en sus derechos, causada por violación directa de las normas establecidas con el objetico de salvaguardar al consumidor, de conformidad con lo señalado en el numeral 3º del artículo 56 de la mencionada ley.

¿Qué asuntos se ventilan a través de esta acción?

Se ventilan por medio de esta acción los conflictos originados en lo siguiente:

  • Violación de normas de protección al consumidor.
  • Los originados en aplicación de normas de protección contractual.
  • Los que buscan que se haga efectiva la garantía.
  • Los encaminados a obtener la reparación de los daños causados en la prestación de los servicios por omisión del deber de información.
  • Los relacionados con información o publicidad engañosa.

Un aspecto fundamental de esta acción es la facultad jurisdiccional que al respecto le concede el estatuto del consumidor a la Superintendencia Financiera; la ley 1480 de 2011 en su artículo 57 faculta a la Superintendencia Financiera para que asuma la competencia de la acción de protección al consumidor y falle en derecho con las facultades propias de un juez, dicho artículo en su inciso primero señala lo siguiente:

“En aplicación del artículo 116 de la Constitución Política, los consumidores financieros de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia podrán a su elección someter a conocimiento de esa autoridad, los asuntos contenciosos que se susciten entre ellos y las entidades vigiladas sobre las materias a que se refiere el presente artículo para que sean fallados en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un juez”.

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