¿Existe voluntad política para combatir la corrupción?

Cada vez que el país se escandaliza con un caso de corrupción nos preguntamos por qué razón frente a este tema en lugar de progresar retrocedemos. Parece que la corrupción aumenta cada día y no ha sido posible que sea reducida a las justas proporciones. ¿Existe voluntad política para luchar contra la corrupción?

Si nos ponemos en la tarea de analizar algunos casos podemos concluir que no existe ninguna voluntad el gobierno por luchar contra la corrupción, sino que por el contrario se aprovecha de ella para logar sus objetivos  y nombra a personajes corruptos en puestos claves para que le hagan un determinado trabajo, o para pagar favores anteriores o futuros.

Quizás el caso más evidente y más deplorable es el de la fiscalía general de la nación. El presidente puso allí a un abogado extraído de la EPS más corrupta conocida, responsable por la muerte de cientos de personas por su mala atención y acusada del robo de astronómicos recursos de la salud. Según las acusaciones públicas que se han hecho,  el  hoy fiscal general hizo parte en el diseño del  sistema jurídico  necesario para cometer el fraude contra la salud más grande jamás conocido. Se preguntará cualquier desprevenido cómo es posible que con semejante antecedente se le permita ser fiscal, y la respuesta es que antecedentes de ese tipo son los que se necesitan para desempeñar algunos cargos. Muchas actuaciones e intervenciones del fiscal han dejado claro cuál era el mandado que tenía que hacer.

Y así es con cada entidad del estado. Llamase ministerio, departamento administrativo, superintendencia, SENA o lo que sea. Allí no se nombran técnicos capaces sino  políticos o burócratas corruptos que estén dispuestos a hacerle el mandado, y mientras lo hagan, se les permite robar impunemente. Probablemente existan algunas excepciones, pero son excepciones nada más y luchan en solitario.

¿Acaso es tan difícil probar que un funcionario público robó? Una simple comparación de patrimonio delata la verdad. Pero a pesar de que  en muchos caso la ley obliga a que un funcionario público haga una declaración de bienes al recibir el cargo y al dejarlo, no se hace, y si se hace se oculta, y además nadie se toma el trabajo de hacer esa simple comparación; no hay voluntad para hacerlo, y de hecho, quienes deben hacerlo están allí no para perseguir la corrupción sino para hacer favores, pues son de la misma manada; cumplen la misma función: hacerle el mandado el jefe de turno.

La lucha contra la corrupción no es más que un caballito de batalla en tiempo de elecciones. Demagogia pura y dura. De vez en cuando persiguen a algún político o funcionario corrupto, generalmente opositor o que por algún motivo está estorbando a alguien, y de paso aprovechan para mandar un mensaje a los potenciales votantes en el sentido de estar comprometidos en la lucha contra la corrupción, y lo hacen con grandes titulares en la prensa.

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