Factura emitida por un proveedor extranjero debe ser traducida para que sirva de prueba

Cuando se compran productos o adquieren servicios en el exterior, en algunos casos las facturas emitidas por el proveedor extranjero están un idioma diferente al español o castellano, y en tal caso es preciso que las facturas sean traducidas para que sean  válidas para probar costos, deducciones e impuestos descontables.

La norma tributaria no hace referencia a ese requisito, de manera que es el código de procedimiento civil el que exige tal procedimiento, como bien lo recordó la sección cuarta del Consejo de estado en sentencia 16930 del 3 de marzo de 2011 con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas:

“…las facturas, independientemente consideradas como prueba documental, y que la demandante aportó durante la vía gubernativa, no pueden tenerse en cuenta, pues a juicio de esta Sala no fueron debidamente aportadas. En efecto, conforme al artículo 260 del Código de Procedimiento Civil "para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente". En el expediente obran las facturas relacionadas anteriormente en idioma diferente al castellano, omisión que no fue subsanada por la sociedad ni en el curso del proceso administrativo, ni con ocasión de la demanda.

Las facturas fueron rechazadas tanto en la vía gubernativa como en la jurisdicción contencioso administrativa por no haberse traducido, y vale precisar que la factura traducida se debe presentar en la vía gubernativa y no en la jurisdicción administrativa, de manera que si se tienen facturas por importes relevantes, es preciso traducirlas tan pronto como se notifique el requerimiento especial para en su respuesta presentarlas debidamente traducidas.

Es de precisar que el artículo 260 del código de procedimiento civil a que se refiere la sentencia corresponde hoy al artículo 251 del nuevo código de procedimiento civil, es decir, la ley 1564 de 2012.

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