Fe pública del contador en firme

Inicio » Contabilidad. » (16 / 09 / 2008 )

La facultad exclusiva que tiene el Contador público para dar fe pública sobre hechos propios de la contabilidad y de la profesión de la contaduría pública, ha quedado en firme con la sentencia que ha proferido la Corte constitucional respecto a la demanda de inconstitucional que se había presentado contra la ley 43 de 1990.

Recordemos que hace unos meses se prendieron las alamas en nuestra profesión debido a la demanda de inconstitucionalidad que había presentado un economista contra la ley 43 de 1990 con la cual se pretendía eliminar la exclusividad que tenía el Contador público para dar fe pública sobre asuntos propios de esta gran profesión.

Pues bien, la Corte constitucional ya se ha pronunciado respecto a esta demanda en sentencia C-861 de 2008 con ponencia del magistrado Dr. Mauricio González Cuervo:

(…)

5.2.    Problema jurídico planteado

La Corte debe establecer si las facultades que se otorga al contador público mediante la normas demandadas de la Ley 43 de 1990, para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general, vulneran el derecho de igualdad y la libertad de escoger profesión u oficio de otros profesionales que como los economistas o administradores de empresas, están igualmente capacitados para realizarlas.

5.3.    Decisión

Declarar exequibles por el cargo analizado, los artículos 1º y  3º, 10, inciso primero y 35 de la Ley 43 de 1990.

5.4.    Razones de la decisión

La Corte consideró que los artículos demandados de la Ley 43 de 1990 no establecen una discriminación frente a los profesionales de otras disciplinas distintas, ni vulneran su derecho a la igualdad. En efecto, es claro que el derecho a la igualdad tiene un núcleo fundamental que al legislador le está vedado restringir, sin perjuicio que dentro de su margen de configuración normativa, pueda exigir títulos de idoneidad, definir la forma de ejercer la inspección y vigilancia de las profesiones y establecer condiciones para el ejercicio de las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica, cuando no impliquen un riesgo social. De ahí que la Corporación haya precisado el alcance del artículo 26 de la Constitución en cuanto que a diferencia de la elección de la profesión u oficio que es libre, la ley puede reglamentar el ejercicio de las profesiones que serán vigiladas e inspeccionadas por las autoridades competentes. Por otra parte, el artículo 123 de la Carta establece que los particulares pueden ejercer temporalmente funciones públicas según el régimen aplicable y la regulación que para tal efecto expida el legislador. De acuerdo con lo anterior, es posible que en desarrollo de estas normas constitucionales se restrinjan ciertas actividades a otros profesionales en virtud del título profesional que deba acreditarse para el desempeño de las mismas, restricción que de suyo no es discriminatoria siempre que con ella se proteja al conglomerado contra los riesgos sociales que el ejercicio de una profesión, arte u oficio o función pública ejercida por particulares, pueda generar. En el caso de la contaduría pública, la jurisprudencia ha señalado que sin duda las labores propias de los contadores implican un riesgo social dada su transcendencia e importancia y por ello el legislador ha regulado esta profesión con sumo cuidado. El contador público es un profesional que goza y usa de un privilegio que muy pocos profesionales detentan que consiste en la facultad de otorgar fe pública sobre sus actos en materia contable, lo cual le exige una responsabilidad especial frente al Estado y a sus clientes, si se tiene en cuenta la magnitud de sus atribuciones y la relevancia de la información en el campo del control fiscal y contable, crucial para el interés general. Las normas atacadas regulan una actividad específica que no es comparable a las de otras profesiones y por tanto, no puede hablarse en este caso de vulneración del derecho a la igualdad ni de afectación de la libertad de escoger profesión u oficio de un determinado grupo de personas, pues en ellas se establecen las condiciones para el ejercicio de la contaduría pública y no para la elección de la misma que sigue dentro del ámbito de la libertad individual. Tales disposiciones de ninguna manera impiden que profesionales no contadores, puedan desempeñar las actividades para las que fueron preparados en sus respectivas disciplinas.  Por consiguiente, la Corte procedió a declarar exequibles, por los cargos analizados, los artículos demandados de la Ley 43 de 1990.

(…)

Se salva pues una vez más la facultad y el privilegio que tenemos los  Contadores Públicos de dar fe pública, facultad y privilegio que ha sido atacado ya en varias ocasiones por profesionales de otras áreas.

Agradecimientos:

Agradecemos al Contador Público Fredy Robinson Gil Zea por compartir con Gerencie.com y sus usuarios esta sentencia tan trascendental para nuestra profesión.

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2 Opiniones
  1. cristina ramirez dice:

    yo ago preguntas y nunca son contestadas necesito saber, cuales son las funciones de la fe publica

  2. elba santana dice:

    las gracias a guia laboral gerencial por el marabilloso trabajo de mantener informados a profesionales del area de la contabilidad para mantenerlnos al dia con las situaciones de nuestra area.

    gracias, sigan adenlante

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