Firma de Contador o Revisor Fiscal, en declaraciones de ICA en Manizales

El artículo 3 del decreto 0111 de marzo de 2009 consagraba que “la declaración deberá ir firmada, según el caso, por: 

  1. Quien tenga el deber formal de declarar. 
  2. Contador Público o Revisor Fiscal, según el caso cuando se trate de personas jurídicas.
  3. Contador Público si se trata de contribuyentes obligados a llevar librosde Contabilidad, siempre y cuando sus ingresos brutos del año a declarar sean superiores a trescientos (300) SMMLV. 

(…)

Respecto al aludido decreto municipal, el artículo 16 del decreto 0474 de diciembre de 2012 ordenó que “el presente decreto rige a partir del primero de enero de Dos Mil Trece (2013) y deroga el decreto 0111 de diciembre 29 de 2011 y demás disposiciones que le sean contrarias”.

Si bien, la último disposición normativa municipal hace una equivocada referencia al decreto 0111 de 2009, al indicar como año de expedición el 2011, es de clarificarse que innegablemente si se hace alusión a dicho decreto 0111 de 2009, toda vez que en el vigente decreto 0474 se recogen – grandemente – tópicos reglamentarios y/o de procedimiento contenidos en el derogado decreto 0111.

Precisado lo anterior, sería de inferir que las reglas especiales de firma Contador Público o Revisor Fiscal  de las declaraciones del impuesto de industria y comercio (en la jurisdicción del municipio de Manizales), desaparecieron con la derogatoria expresa del decreto 0111 de marzo de 2009.

No obstante lo dicho, es de recordar que conforme al artículo 59 de la ley 788 de 2002 “los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”.

Así las cosas, y para efecto de la citada firma de Contador Público o Revisor Fiscal, sería de acudir a lo señalado en el Estatuto Tributario Nacional, en el entendido que en él  se demanda la firma de Revisor Fiscal, por parte de los obligados a llevar contabilidad, que de conformidad con el código de comercio y demás normas vigentes sobre la materia estén obligados a tenerlo; y entratándose de la firma de Contador Público señala, el mismo Estatuto, tal obligación para los contribuyentes o responsables (no obligados a llevar contabilidad) cuyo patrimonio bruto o ingresos brutos, del año gravable, sean superiores a 100.000 UVTs.

Aunado a lo anterior, indica el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990 que “será obligatorio tener  revisor  fiscal en todas  las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior  sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos

De lo expuesto, resultaría clara la obligación de la firma de Contador Público o Revisor Fiscal, en las declaraciones del impuesto de industria y comercio (en la jurisdicción del municipio Manizales), pero no en virtud de los señalamientos especiales exigidos por el derogado decreto 0111 de 2009 (como erradamente lo ha sugerido a la Administración Municipal), sino en atención a las regulaciones vigentes contenidas el código de comercio, el Estatuto Tributario Nacional y la ley 43 de 1990, entre otros.

Acorde a lo contemplado en el artículo 580 del E.T., la aludida firma de  Contador Público o Revisor Fiscal, comportan vital importancia so pena de que en su ausencia la declaración – del tributo territorial – se entienda por no presentada; y deje, por tanto, al sujeto pasivo inmerso en la aplicación de la consecuente sanción por extemporaneidad de que tratan los artículos 641 y 642 del E.T., según el caso.

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