Formas de atacar un comparendo electrónico o mejor conocidas como fotomultas

Los comparendos electrónicos se instituyeron en todo el territorio nacional para sancionar a los infractores de las normas de tránsito con base a equipos tecnológicos que permiten masivamente el recaudo de información y con ello facilitar la labor de las autoridades de tránsito.

Su marco legal se encuentra consagrado en la  LEY 769 DEL 2.002 en su art. 137  cuando se dispone: "En los casos en que la infracción fuere detectada por medios que permitan comprobar la identidad del vehículo o del conductor el comparendo se remitirá a la dirección registrada del último propietario del vehículo"

Luego la LEY 1383 DEL 2.010, en su art. 135, se refiere más específicamente a la técnica y al procedimiento utilizado por las autoridades de transito al disponer al momento de imponerse el comparendo lo siguiente:

"No obstante lo anterior, las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora".
Sin embargo, no todo es “color de rosa”, las administraciones locales, en su gran mayoría, y con el simple propósito de captar tributos “en masa” y a toda costa bajo esta figura legal han convertido este sistema en un “perfecto procedimiento ilegal e inconstitucional” para constreñir a los propietarios y conductores a cancelar multas sin respecto al debido proceso.

De allí que cada día se abarroten las dependencias públicas con reclamaciones donde muchas de estas no llegan a prosperar por desinformación de la ciudadanía, por el desgaste que representan (derecho de petición+ tutela+ honorarios de abogado) logrando  finalmente su cometido: persuadir al presunto infractor que contra “ellos nadie puede”, y a cancelarlas con descuentos llamativos que pueden ser de hasta el 50% si "de afanes" se necesita para salir de un embrollo de semejantes magnitudes ;porque de lo contrario se le amenaza con la existencia de un cobro coactivo que muy probablemente implicará embargo de cuentas bancarias y de propiedades, ya que sólo allí si son ágiles, eficaces y diligentes.

Las consecuencias de una multa electrónica mal habida o mal impuesta generará en contra del ciudadano un “peaje administrativo”, ya que si no acredita pago o acuerdo de pago, muy probablemente le generará además reportes en las centrales de riesgo y su consecuente muerte crediticia o comercial a parte de las pérdidas de tiempo y económicas insustituibles e irrecuperables en el plano: personal, familiar, laboral y financiero.

Recientemente la sentencia T-051/16 ha trazado pautas para defenderse efectivamente de las mismas y me permito transcribirlas a continuación:

  1. A través de medios técnicos y tecnológicos es admisible registrar una infracción de tránsito, individualizando el vehículo, la fecha, el lugar y la hora, lo cual, constituye prueba suficiente para imponer un comparendo, así como la respectiva multa, de ser ello procedente (Artículo 129).
  2. Dentro de los tres días hábiles siguientes se debe notificar al último propietario registrado del vehículo o, de ser posible, al conductor que incurrió en la infracción (Artículo 135, Inciso 5).
  1. La notificación debe realizarse por correo certificado, de no ser posible se deben agotar todos los medios de notificación regulados en la legislación vigente (Artículo 135, inciso 5 y Sentencia C-980 de 2010).
  1. A la notificación se debe adjuntar el comparendo y los soportes del mismo (Artículo 135, inciso 5 y Ley 1437 de 2011, Artículo 72).
  1. Una vez recibida la notificación hay tres opciones:

A) Realizar el pago (Artículo 136, Numerales 1, 2 y 3).

B) Comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción y manifestar inconformidad frente a la misma, evento en el cual se debe realizar audiencia pública (Artículo 136, inciso 2 y 4 y Artículo 137).

C) No comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción. En este evento, si la persona no comparece dentro de los 30 días hábiles siguientes a la infracción se debe proceder a realizar audiencia Artículo 136, inciso 3 y Artículo 137).

  1. En la audiencia se puede comparecer por sí mismo el presunto infractor o por medio de apoderado, quien debe ser abogado en ejercicio (Artículo 138).
  1. En audiencia se realizarán descargos y se decretaran las pruebas solicitadas y las que se requieran de oficio, de ser posible se practicarán y se sancionará o absolverá al presunto contraventor (Artículo 136, inciso 4).
  2. Contra los autos proferidos en audiencia procede el recurso de reposición, el cual podrá ser presentado y sustentado en la misma audiencia y el recurso de apelación, el cual únicamente procede contra la resolución, con la que se ponga fin a la primera instancia (Artículo 142).

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Una opinión
  1. Fernando Calderón Olaya dice:

    Estimado Colega

    Para no llamarnos a equivocos y falsas expectativas, es preciso:

    1.
    aclarar que la Corte REVOCO tres de los cuatros los fallos de instancia sometidos a revisión NEGANDO LAS ACCIONES DE TUTELA POR IMPROCEDENTES en razón de existir termino de caducidad de la acción y existir otro medio de defensa judicial cual es la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

    El unico item que prosperó, fue el de Respuesta al Derecho de Petición.

    Al efecto, le copio la parte resolutiva de la Sentcia T-051 de 2016:

    RESUELVE

    PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida, el 2 de julio de 2015, por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Oralidad de Medellín, en el trámite del proceso de tutela T-5.149.274 y, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de la señora María Eugenia Gaviria Quintero, por las razones expuestas en esta providencia.

    SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida, el 18 de junio de 2015, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar), en el trámite del proceso de tutela T-5.151.135 y, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de la señora Marizuly Naranjo Parra.

    TERCERO. TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora Marizuly Naranjo Parra y, en consecuencia, ORDENAR a la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Arjona (Bolívar) responder el derecho de petición presentado por esta el 16 de abril de 2015, a través de la cual solicitó un comprobante de la notificación del inicio del proceso contravencional adelantado en su contra.

    CUARTO. REVOCAR la sentencia proferida, el 3 de junio de 2015, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona (Bolívar), en el trámite del proceso de tutela T-5.151.136 y, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de la señora Luz Alma Osorio Martínez.

    La sentencia completa se puede consultar en el siguiente link

    http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-051-16.htm

    2.
    Precisar que en caso de no obtenerse la notificación porque el inmueble se encuentra cerrado, la dirección es errada, el destinatario rehusa la correspondencia, la notificación se cumple previo emplazamiento.

    3.
    Tener en cuenta que la notificación se intenta en la ULTIMA DIRECCION suministrada por el infractor en la plataforma RUNT o al momento de la imposición de una infracción presencial, de tal forma que si esta es errada, desactualizada o no hay forma de vincularla a un Municipio en particular, es responsabilidad del administrado la inexactitud en la información no pudiendo alegar en su favor la culpa de sus propias omisiones

    Un saludo.-

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