Funcionarios de la Rama Judicial amparados por el régimen de transición se pensionan con el 75% del salario promedio mensual del último año de servicios

Obrando en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Aura Esther Herrera Ruiz demando la nulidad de la Resolución expedida por la Subgerencia de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social EICE, mediante la cual esa entidad había ordenado el reconocimiento y pago a su favor de la pensión de jubilación, tomando como base para la configuración del monto de la pensión  el promedio del salario de los últimos 10 años de servicio.

Adujo la demandante en su favor ser beneficiaria del régimen de transición, razón por la cual consideraba que tenía derecho a que se le aplicara el régimen especial previsto por el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en concordancia con el artículo 4º del Decreto 2527 de 2000.

Con fundamento en lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación determinando el monto en un 75% del total de los ingresos recibidos en el último año de servicios, tomando como base la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicios, incluyendo como factor salarial la bonificación por servicios prestados (Decreto 247 de 1997 inciso 2), las doceavas partes de la prima especial de servicios, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por actividad judicial y en general todos los ingresos recibidos en el último año de servicios.

Como hechos de la demanda expuso que laboró al servicio de la rama judicial desde el 1º de septiembre de 1985 hasta el 31 de julio de 2007, para un total de 21 años y 10 meses. Adquirió el status de pensionada el 30 de agosto de 2005.

La Caja Nacional de Previsión Social EICE, hoy en Liquidación, reconoció y ordenó pagar la pensión de jubilación a su favor, efectiva a partir del 1º de enero de 2006, conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, no se dio cumplimiento al régimen especial de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial consagrado en el Decreto No. 546 de 1971, y se liquidó la pensión sobre lo devengado durante los diez últimos años de servicios. Contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición el cual fue resuelto negativamente. En vista de esto acudió a la acción contenciosa.

La primera instancia del proceso terminó con sentencia del 18 de julio de 2013, que declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y accedió parcialmente a las súplicas de la demanda con base en los siguientes argumentos:

Que la actora se encontraba cobijada por el régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cual le da derecho a gozar del régimen pensional anterior.

Que la accionante tenía derecho a que se le incluyeran en la base de liquidación de la mesada pensional todos los factores devengados durante el año anterior al que adquirió el estatus pensional.

Y como consecuencia de lo anterior, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y ordenó la reliquidación pensional de la actora a partir del 1º de agosto de 2007, teniendo en cuenta lo percibido durante el último año de servicios, incluyendo como factores: la asignación básica, la prima especial de servicio, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, a la cual se aplicarán los reajustes de ley, aclarando que los conceptos que se reconocen y pagan anualmente se tomarán en las doceavas partes de cada una de ellas para efectos de determinar la base de liquidación.

La entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria.

Señaló que en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, solo se respetarán del régimen anterior, el tiempo, la edad y el monto de la pensión; en cuanto al ingreso base de liquidación y sus componentes o factores salariales, se debe aplicar la citada Ley 100 de 1993.

Al resolver el recurso de apelación, el Consejo de Estado concluyó:

Que por  mandato expreso de la Ley 33 de 1985, los funcionarios que por un lapso de 10 años hubieren laborado en la Rama Jurisdiccional y/o en el Ministerio Público tienen un régimen especial, en virtud del cual continúan con el derecho a disfrutar de una pensión igual al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios.

Que de conformidad con las pruebas allegadas al expediente la demandante tiene derecho a la aplicación del régimen especial consagrado en el Decreto 546 de 1971  por cuanto laboró durante más de 20 años al servicio de la Rama Judicial, es decir que se encuentra dentro del supuesto fáctico establecido, pues éste exige como mínimo una vinculación de 10 años, la cual, en este caso se supera en exceso.

Que no es de recibo el argumento esgrimido por la entidad accionada referido a que en ese caso debe aplicarse el régimen especial en lo concerniente a la edad y tiempo de servicio necesarios para acceder al derecho pensional pero no en cuanto al monto y base de liquidación del mismo, puesto que, en reiteradas ocasiones esta Corporación ha señalado que cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la normatividad especial en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho como lo es la cuantía de la prestación.

Que la norma jurídica anterior a la Ley 100 de 1993 aplicable en el sub júdice, para establecer el monto del derecho pensional de la actora, es la contenida en la parte final del precitado artículo 6º del Decreto 546 de 1971, según la cual, la pensión vitalicia de jubilación, debe ser “equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios (...).”.

Que a los funcionarios judiciales y del ministerio público que se encuentran en la transición establecida en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, les es aplicable en forma integral el régimen anterior, que para el efecto es el régimen especial regulado en el Decreto 546 de 1971, pues de no hacerse un análisis que prohíje un examen integral del citado régimen, conduciría a una interpretación sesgada del artículo 36 de la citada ley, el cual llevaría, sin duda alguna, a desconocer imperativos constitucionales y legales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, como es la inescindibilidad de las normas jurídicas, el respeto de los derechos adquiridos y el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la C.P.

Y puntualizó: “Es así que la demandante tiene derecho a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicios, y a considerarse como factores salariales todas las sumas que habitual y periódicamente percibió como retribución de sus servicios, con base en el régimen especial que la cobija, en atención a lo dispuesto en los artículos 6 del decreto 546 de 1971 y 12 del decreto 717 de 1978.”

Fuente: Sentencia  de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, Radicación No: 23001 23 33 000 2012 00132 01 del 6 de mayo de 2015, C. P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.

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