¡Fusílenlo, luego averiguamos!

La frase se le atribuye a Pancho Villa, aunque con el siguiente tenor literal: “Fusílenlo,  luego viriguamos”

Independientemente de que haya dicho averiguamos o viriguamos, lo que se sabe es que el célebre militar y revolucionario mexicano “no era muy dado a los juicios penales, y por eso ordenaba primero que se le diera chicharrón al prisionero y luego se "viriguaba" a ver si había sido justa la ejecución del infeliz, o si no lo era.”(Ricardo Espinosa en ¿Quién lo dijo?)

Pues bien, esa famosa frase nos sirve para introducir nuevamente a los lectores en el tema recientemente abordado en esta columna sobre el carácter no sancionatorio del despido.

Y este regreso al tema vale la pena porque quienes defienden la tesis de que como el despido no es sanción el empleador puede hacer uso de él sin necesidad de citar y escuchar previamente en diligencia de cargos y descargos al trabajador implicado, pues dichos trámites se han establecido únicamente para la imposición de las sanciones disciplinarias.  Y ese argumento les ha servido a muchos empleadores para despedir a sus trabajadores  sin darles a estos la oportunidad de defenderse de las acusaciones que se les hacen y que se utilizan como fundamento del despido.

El argumento generalmente se redondea con la alegación de que si el trabajador no es culpable de los cargos que se le achacan, ya tendrá  oportunidad de explicarlo y demostrarlo en los estrados judiciales a donde podrá hacer citar al empleador abusivo o atarantado.

A esas personas les resulta fácil dicha solución porque “como la misma no los toca, tampoco los unta”.  Habría que ver si se mantendrían en esa misma línea si ellas fueran las víctimas de un despido en esas mismas circunstancias. Y nos adelantamos a considerarlo arbitrario  porque echarle en cara a una persona la comisión de una falta e impedirle a la vez que ejerza su derecho a la defensa, es un acto de arrogancia y prepotencia, así haya suficientes elementos que comprometan la responsabilidad del trabajador. Por algo las sociedades democráticas del mundo acogieron desde hace muchos años en sus legislaciones principios fundamentales como la presunción de inocencia y el de que nadie podrá ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio, ante tribunal competente y observando las formalidades propias de cada juicio.  Y si bien el escenario propio de éstos principios pertenecen al campo del derecho penal, valen también  para el disciplinario y para todas las situaciones en las que esté de por medio el derecho a un debido proceso.

Es posible que haya empleadores a quienes les resulte fácil tomar la decisión de despedir al trabajador basándose en una investigación adelantada a espaldas de éste;  pero de ahí a que dicha decisión sea  conveniente, justa, e inteligente hay mucho trecho. Todo lo contrario, puede terminar siendo injusta, arrogante, inconveniente, torpe y perjudicial para ambas partes.

Enviar a la calle al trabajador y considerar que si es inocente lo podrá probar más adelante  en los tribunales,  significa, de alguna manera, darle aplicación a las palabras del “Centauro del Norte”,  como se llamaba también a Pancho Villa, de: Fusílenlo, que después averiguamos. No, el trabajador tiene derecho a defenderse antes de ser degradado ante los compañeros y la sociedad en general. La vida nos ha dejado ver en muchas ocasiones que cuando más seguros nos sentimos de estar acertando es cuando más estamos corriendo el riesgo de estar equivocándonos.

Es cierto que la ley no dice textualmente que para el despido se deba agotar previamente el trámite disciplinario previsto para la aplicación de las sanciones; es igualmente cierto que el despido no es sanción; también es cierto que la ley le confiere al empleador la facultad de despedir al trabajador cuando éste incurre en justa causa, y además es cierto que el empleador tiene derecho a decidir con quien trabaja y con quién no. Pero, elementales razones de justicia y de respeto le exigen al empleador establecer previamente la responsabilidad del trabajador implicado, y para ello es indispensable darle a conocer los hechos que lo comprometen, las pruebas que se tienen en su contra, escuchar sus explicaciones, permitirle contraprobar, en fin, garantizarle su derecho a la defensa.  Aquí vale la pena recordar la siguiente frase de Menandro de Atenas:

“El hombre justo no es aquel que no comete ninguna injusticia, si no el que pudiendo ser injusto no quiere serlo.”

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