¿Guachimanes, celadores, serenos, o ..?

Aun es práctica corriente, en algunos sectores, entre ellos,  Propiedades Horizontales urbanas y rurales, la contratación para la prestación de “servicios de conserjería y cuidado” bajo la figura de celador, guachimán o sereno, en el entendido que “…como no está armado, solamente recibe correspondencia, anuncia visitantes, lava carros, barre, corta el césped, arregla los escapes de agua, hace mandados, abre y cierra la puerta…”  no son guardas propiamente dichos, pero en la practica, están prestando una amalgama de labores varias sin siquiera contar con los mínimos de sus derechos fundamentales garantizados.

No obstante quizá, la rescatable buena fe de tales relaciones que comporta mutuo conocimiento, solidaridad y confianza, no por ello dejan de ser abusivas e ilegales hasta el punto de comprometer no solo el patrimonio económico de la Copropiedad como tal, sino incluso, el de los copropietarios individualmente considerados.

Es de advertir que, sea cual sea la denominación y función que se le quiera enraizar a estos trabajadores, la actividad del guachimán, celador o sereno, no solo se denomina legalmente SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, sino que se encuentra férreamente reglada a través de la Ley 62 de 1993, Decreto 356 de 1994, Decreto 1979 de 2001, Decreto 4950 de 2007, Resoluciones 224 de 2008 y 2946 de 2010, entre otras, y aun más, estrechamente controlada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Es así, como el Estado Colombiano ha dignificado este noble y desagradecido oficio, desde el punto de su denominación legal como VIGILANTE, hasta el punto que su contratación para cualquier persona, UNICAMENTE puede hacerse a través de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada inscritas y controladas por la Superintendencia, bajo tarifas y condiciones legalmente establecidas, garantizando de esta forma a los hombres y mujeres dedicados a esta sublime  labor, tanto la unificación de su función como guarda de la seguridad, y no, de todero, así como el reconocimiento y  respeto a sus plenos derechos y garantías laborales como los de cualquier trabajador, no solo con acceso a la seguridad social total, sino con jornadas laborales máximo de 8 horas diarias.

Rescatamos como el Artículo 91 del Decreto 356 de 1994, en los términos de la Resolución 2946 de 2010, prevé multas entre 20 y 40 salarios mínimos mensuales vigentes, para aquellas personas naturales o jurídicas que contraten servicios de vigilancia y seguridad privada no autorizados.

Sea desde esta Tribuna, la invitación a la formalización de las relaciones contractuales de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada de nuestros entornos. No olvide visitar:   www.supervigilancia.gov.co.

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