Hablemos de procedimiento tributario: La deidad a la factura y el delito tributario

En Colombia, la prueba reina por excelencia, es la prueba documental. Bajo los medios probatorios del sistema tributario, se encuentra una “deidad” llamada factura, tan cuestionada por muchos tributaristas en el mundo, pues en ella no puede fundarse la realidad de todos los hechos económicos que sirven de base para la determinación de los impuestos.

En Venezuela por ejemplo, el tribunal supremo de justicia desmitificó el valor de la factura en el caso CEPOCENTRO (expediente: 2004-0592, 29/06/2005 Caracas).

Ahora bien, esa supremacía de la factura en el sistema tributario, ha llevado a que personas  primitivas se las den “pillos” (contadores, administradores, abogados y demás) y se dediquen a vender facturas en el mercado. Unos al ver sus inventarios desproporcionados empiezan a ofertar entre colegas: “le tengo IVA al 50%¨”, otros más osados vociferan “Le tengo costos al 3”. Lo cierto es que esta es una práctica más común de lo que se estima. El sello de garantía lo dan sentenciando “hay esta la factura, la Dian no puede hacer nada.

Pues bien para  erradicar esta conducta Bolivia expidió la ley 317  del año 2012, y estipulo: 

La “Artículo 177° ter (EMISIÓN DE FACTURAS, NOTAS FISCALES Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES SIN HECHO GENERADOR). El que de manera directa o indirecta, comercialice, coadyuve o adquiera facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haberse realizado el hecho generador gravado, será sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a seis (6) años.”

Los frutos de la norma se acaban de mostrar, en días pasados la justicia boliviana condenó a un ciudadano por este delito y le imputo dos años de cárcel al sorprenderlo vendiendo facturas en ausencia del hecho generador.

En Colombia, a nivel de impuestos  solo es delito la omisión de agente retenedor o recaudador, sumado a que nadie puede ser privado de la libertad por deudas. Sin embargo, si tuviésemos un sistema judicial y penitenciario adecuado, esta sería una medida que valdría la pena incorporar.

Insisto en el planteamiento de que los justos requieren de alicientes y los desjuiciados fiscales  merecen una dosis de presión fiscal sea esta pecuniaria, académica o social.

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