Impuestos territoriales, una rueda suelta

Los impuestos territoriales son entre otras la piedra en el zapato de los trámites tributarios. Así lo confirma del doing business del Banco Mundial. Sin embargo en el ordenamiento jurídico tributario de nuestro País se siguen librando batallas en torno a la competencia de los entes territoriales.

Una  muestra es  la ordenanza 0018 de 2003 del Departamento del Atlántico donde se pretendía gravar con el cobro de estampilla Pro Hospitale Universitario  a actos que estaban por fuera del impuesto y que inclusive estaban gravadas con otro impuesto municipal, el articulo 175 ibídem señalaba:

“ARTÍCULO 175. BASE GRAVABLE. Constituye base gravable de la Estampilla Pro Hospital Universitario CARI E.S.E, el monto total, antes del IVA, de la facturación o de los documentos equivalentes a las facturas y en general la sumatoria de los valores de los documentos que soporten los ingresos generados en desarrollo del ejercicio de actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios en jurisdicción del Departamento del Atlántico.

De una simple lectura, se observa como parece asemejarse más al hecho generador del impuesto de industria y comercio. Sin embargo, el problema sustancial de la Ordenanza de forma genérica hacía referencia a “los documentos”, sin hacer énfasis en que en estos deben obligatoriamente intervenir funcionarios públicos dentro de su jurisdicción. Y como se observa no hace distinción alguna en ese sentido. Es por ello, que el Consejo de Estado mediante sentencia 20211 del 27 de marzo de 2014 confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico en el sentido de declarar nula la ordenanza, argumentando lo siguiente:

“1.7.1 Mientras la Ley 645 determinó que el hecho generador de la estampilla son las “actividades y operaciones” que se determinen como gravadas, siempre que (i) impliquen la realización de actos en los cuales intervengan funcionarios departamentales y municipales y (ii) se realicen en las respectivas jurisdicciones, en la ordenanza acusada la asamblea departamental estableció que el hecho generador del tributo lo constituye la expedición de “las facturas, los documentos equivalentes a las facturas y en general, cualquier documento que soporte ingresos, que expidan las personas naturales y jurídicas y sus asimiladas en desarrollo del ejercicio de actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios en jurisdicción del Departamento del Atlántico”.

1.7.1.1 Es decir, de los condicionamientos señalados en la ley en la que debía fundarse la ordenanza acusada para fijar el hecho imponible de este tributo, tan solo se atendió el de carácter espacial.

1.7.1.2 Obsérvese que en la ordenanza demandada se prevé que el hecho que causa la estampilla es la expedición de la factura que soporte ingresos en desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios. Expedición que no requiere de la intervención de funcionarios del orden departamental o municipal, toda vez que se trata de un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio, conforme lo señala el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008.

Entonces, se trata de un documento elaborado por particulares en ejercicio de sus actividades, en los que no interviene el funcionario público.”

1.7.1.3 Igual razonamiento se hace respecto del documento soporte que reemplaza a la factura en las operaciones económicas realizadas con no obligados a facturardocumento equivalente- y en general en lo que tiene que ver con cualquier documento de carácter privado que al tenor de la norma demandada “soporte ingresos” de las personas naturales y jurídicas y sus asimiladas en desarrollo del ejercicio de actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios en jurisdicción del Departamento del Atlántico.

1.7.1.4 En consecuencia, la Asamblea Departamental se extralimitó en sus facultades al fijar el hecho generador de la Estampilla Pro Hospital Universitario CARI E.S.E. por fuera del marco establecido en la ley de autorizaciones.

1.7.1.5 Adicionalmente, se incurrió en la prohibición señalada en el artículo 71 numeral 5 del Decreto Ley 1222 de 1986, toda vez que impuso el gravamen sobre objetos o industrias gravados por la ley, en este caso, gravados con el impuesto de industria y comercio (arts. 32 y 33 de la Ley 14 de 1983).

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