Inaplicar una norma como una alternativa más de defensa para los contribuyentes

Inicio » Impuestos. » (24 / 10 / 2011 )

Existe una muy antigua norma que permite al juez inaplicar una norma, que a juicio del juez, violente o contraríe una norma superior, o la constitución, norma que se convierte en una gran alternativa de defensa para el contribuyente.

Se trata del artículo 12 de la ley 153 de 1.887, según el cual las órdenes y actos ejecutivos del gobierno serán obligatorios y serán aplicados siempre que no sean contrarios a la constitución y a la ley.

Esta norma da pié a que un acto administrativo, o incluso una norma, sea inaplicada por el juez si este considera que es contrario a una ley o a la constitución.

Esto permite que un proceso sea más ágil, puesto que el juez no necesita esperar a que un concepto o decreto sea declarado nulo, o que la ley sea declarada inconstitucional, sino que simplemente puede inaplicar, es decir que para el caso concreto, dejar si efectos la norma que contraría un precepto superior.

Bien, el Consejo de estado ha emitido una sentencia en la que se aprecia con claridad la aplicación de esta figura:

Sólo la inspección tributaria suspende el término por un año para resolver el recurso de reconsideración

Situación fáctica: La actora demandó los actos mediante los cuales la Dirección de Impuestos Distritales le modificó las declaraciones del Impuesto Predial de 2001 y 2002.

Tesis: El artículo 732 del Estatuto Tributario Nacional dispone que el término para resolver el recurso de reconsideración, es de un año, contado a partir de su interposición en debida forma; y el 733 ib. prevé que dicho término se suspenderá cuando se practique inspección tributaria,  mientras ésta dure y hasta por tres meses cuando se practica de oficio. De conformidad con las normas mencionadas, la Administración Distrital cuenta con el término de un (1) año para resolver el recurso de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma, plazo que puede ser suspendido cuando se practica inspección tributaria, por el término de su duración, si ésta se lleva a cabo a solicitud del contribuyente y hasta por tres meses, cuando es oficiosa. En este entendido, es claro que el parágrafo del artículo 104 del Decreto 807 ib, al establecer que puede suspenderse por 90 días, el término para resolver el recurso de reconsideración, cuando se decreten otras pruebas, adiciona un supuesto no contenido en la norma nacional, según el cual el plazo para resolver los recursos se suspende mientras dure la inspección y hasta por tres meses cuando se decreta de oficio. Acorde con lo anterior, la Sala con fundamento en la excepción de ilegalidad inaplicará el parágrafo del artículo 104 del Decreto Distrital, excepción que si bien no tiene consagración constitucional, tiene fundamento en el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 declarado exequible por la Corte Constitucional, que en tal oportunidad precisó que el juez contencioso administrativo es la autoridad con la facultad “de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior.

Dicha inaplicación puede llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda, a una excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por el demandado, o aun puede ser pronunciada de oficio”. Así las cosas, no obra en el expediente prueba de que mediante el citado Auto se haya ordenado y practicado inspección tributaria, que diera lugar a la suspensión legal de ese término, así la Administración contaba para decidir y notificar la decisión del recurso de reconsideración hasta el 15 de marzo de 2005, no obstante la resolución que lo resolvió fue proferida con fecha 10 de mayo de 2005 y notificada por edicto desfijado el 14 de junio siguiente, según consta en el folio 93 del cuaderno principal. En este orden de ideas, es claro que el acto que resolvió el recurso de reconsideración no se profirió y notificó dentro del término legal y con ello, al tenor de lo dispuesto en el artículo 734 del E.T., se entiende el recurso fallado a favor del recurrente.

Sentencia de 11 de junio de 2009. Exp. 25000-23-27-000-2005-01415-01(16830). M.P.: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

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