Inexequible norma que establecía sanción millonaria para el apoderado que no presentaba demanda de casación laboral durante el término legal

Tal como lo comentamos hace unos meses en este mismo espacio, el legislador estableció a través del inciso 3º del artículo 49 de la ley 1395 de 2010, una multa por valor hasta de 10 salarios mínimos legales mensuales ($ 6.894.550), por concepto de sanción para el abogado que interponga el recurso de casación y no presente la respectiva demanda  dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se le concede o admite el recurso.

La sanción en comento fue establecida únicamente para el abogado que representa al trabajador o al empleador en un proceso laboral. O sea, que la medida no comprende al litigante que incurra en la misma omisión en el trámite de un proceso civil, penal o comercial.

El argumento que se exhibió para justificar esa medida claramente discriminatoria fue que con la presentación del recurso se congestionaba inoficiosamente la Sala de Casación Laboral, lo cual, se dijo,  agravaba aún más su situación, dado el cúmulo de procesos en trámite que acusa dicha Corporación.   O sea, que la congestión que permanentemente enfrenta  la Sala, se hacía más gravosa al interponerse recursos  que terminaban siendo declarados desiertos.

La medida, como era de esperarse, causó enorme inconformidad entre los abogados laboralistas, quienes la consideraron desbordada, abusiva, injusta y discriminatoria. Y rápidamente fue demandada su inexequibilidad  ante la Corte Constitucional, por considerarla contraria a la Carta en la medida en que menguaba ostensiblemente los derechos a la igualdad, acceso a la administración de justicia y debido proceso.

Pues bien, los argumentos de los demandantes tuvieron eco en la Corporación, quien mediante Sentencia C-492 de 2016 declaró inexequible la siguiente expresión contenida en el inciso 3º del artículo 49 de la ley 1395 de 2010: “y se impondrá al apoderado judicial una multa de de 5 a 10 salarios mínimos

Para la Corte, el texto excluido del ordenamiento jurídico es inconstitucional por “la indeterminación sobre su naturaleza, su contenido y su alcance, además de configurar una restricción desproporcionada de los derechos a la igualdad, acceso a la administración de justicia y debido proceso.” 

La Corte concluyó que el fundamento de la sanción, esto es, la congestión en la Sala Laboral, no se da ni se incrementa por la presentación de los recursos que finalmente son declarados desiertos, sino por causa del volumen de demandas que se presentan, las cuales muchas veces no tienen vocación de prosperidad. Así mismo, encontró la Corte que la medida comportaba una clara afectación al derecho a la igualdad del litigante laboral frente a los profesionales del derecho que atienden procesos ante las demás Salas de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente destacó la Corte que con la imposición de la sanción se afectaba el derecho del litigante laboral al debido proceso, pues se imponía de manera automática, esto es, sin valorar la conducta del abogado, las razones que tuvo para no presentar la demanda, y sin que la falta que se sancionaba estuviera contemplada como un incumplimiento de los deberes profesionales.

La decisión fue dada a conocer por la Corte a través del Comunicado No. 40 del 14 de septiembre de 2016. El cual dice textualmente: 

La Corte llegó a la conclusión de que la demanda de inconstitucionalidad contra un segmento del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010 debía prosperar por dos razones: de un lado, la norma acusada adolecía de una indeterminación insuperable en sus elementos estructurales, que impedía fijar el alcance de la restricción a los derechos a la igualdad, el debido proceso y de acceso a la administración de justicia, elementos de los cuales dependía también el análisis de constitucionalidad. De otro lado, la previsión legal limitaba de manera significativa los mencionados derechos sobre la presunta contribución de la medida a la descongestión en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero al mismo tiempo, esta medida era inconsistente con la naturaleza y la dimensión del fenómeno que pretendía enfrentar, razón por la cual carecía de toda idoneidad e ineficacia, al provocar una restricción desmesurada e injustificada de los principios y derechos constitucionales invocados. Para la Corte, no era posible establecer con un nivel de certeza razonable, acerca de si la multa configuraba una modalidad de sanción disciplinaria, que exigiría la aplicación de estrictos estándares sobre presunción de inocencia, derecho de defensa y el principio de legalidad o si se trataba de una especie de arancel judicial, cuyo análisis de constitucionalidad estaría en determinar si este costo procesal se convierte en un obstáculo de acceso al sistema judicial. De hecho, constató que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema ha considerado que en principio la sola falta de sustentación del recurso da lugar a la imposición de la multa. De manera excepcional, cuando los abogados han controvertido la decisión sancionatoria, esa Sala ha revocado multas, centrándose en determinar si la conducta omisiva del abogado implicaba un desconocimiento de los deberes profesionales, pero no ha sido receptiva a otro tipo de consideraciones, como cuando el cliente decide no insistir en el recurso o no resulta viable la sustentación del mismo, entre muchas otras razones. Tampoco existe claridad sobre la procedencia del desistimiento tácito y del desistimiento expreso frente al recurso de casación en materia laboral, pero la Corte Suprema de Justicia ha asumido que únicamente procede el desistimiento expreso. A lo anterior se agrega que el precepto demandado tampoco define los criterios para la dosificación de la multa que oscila entre y 10 salarios mínimos mensuales, sin que sea posible establecer en qué hipótesis o bajo qué circunstancias podría reducirse el monto de la misma, lo que a su vez, impide determinar la proporcionalidad de la medida atacada.

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