Ingresos varios en ICA, la corte nuevamente se pronuncia

La corte constitucional acaba de emitir el comunicado número 28 se las sesiones del 17 y 18 de julio del presente año[1], allí se analizó la constitucionalidad de un aparte del artículo 52 de la ley 1430 de 2010, el cual contempla los “ingresos varios” como base para la liquidación del impuesto de industria y comercio del sector financiero. Los argumentos expuestos por la corte en la sentencia C-459 de 2013, son los siguientes:

“La Corte Constitucional determinó que  la norma acusada  no desconoce el principio de certeza en la base gravable del impuesto de industria y comercio para entidades financieras. Para la Corte, la expresión  “ingresos varios”, aunque indeterminada, es determinable a partir de la actividad interpretativa que, de acuerdo con sus competencias, corresponde a los operadores jurídicos. Así mismo, por tratarse de un tributo de índole territorial,  los concejos municipales y distritales,  en aplicación del artículo 338 de la Constitución, tienen competencia para reglamentar lo concerniente a dichos ingresos.

La Corporación precisó que el impuesto de industria y comercio, tal y como fue regulado en la Ley 14 de 1983, tuvo como regla general que su base gravable estuviera constituida por los ingresos brutos obtenidos por las personas –naturales o jurídicas- que realizaban actividades comerciales, industriales o de servicios (arts. 33 y 32, respectivamente). Dicha regla no fue aplicada para determinar la base gravable de actividades que, como la financiera, desarrollaban una labor de colocación, intermediación, etc., por cuanto en estos casos el dinero percibido no siempre corresponde a ingresos, y mucho menos a lo generado como fruto de las actividades ordinarias del sujeto pasivo del tributo.

Por esta razón, se estableció que la base gravable de las actividades financieras serían los ingresos operacionales obtenidos por las entidades del sector financiero (art. 42 de la Ley 14 de 1983 y posteriormente el art. 207 del Decreto  1333 de 1986); es decir, aquellos provenientes de las actividades principales de la empresa; y  que  no serían ingresos operacionales los que no se derivan del giro ordinario de sus negocios.

Comunicado No. 28. Corte Constitucional. Julio 17 y 18 de 2013                                      2

De esta forma,  si bien en abstracto la  categoría de “ingresos varios” resulta vaga e indeterminada, el contexto normativo en el que se incluye permite su concreción a efectos de establecer la base gravable.  El hecho de que a la enumeración sobre los  distintos rubros que son ingresos operacionales se haya agregado el concepto de “ingresos varios”, debe interpretarse como la pretensión del Legislador de incluir  todos  los ingresos operacionales de los sujetos que prestan servicios financieros dentro de la base gravable del impuesto de industria y comercio. Con ello, el concepto  “ingresos varios” cumple las funciones de categoría residual en la que están incluidos los ingresos operacionales que no pueden ser clasificados en ninguno de los otros literales que componen los numerales referidos a las distintas instituciones financieras.

Por otra parte, la Corporación advirtió que en desarrollo del principio de autonomía territorial  –artículo 287 de la Constitución-, el artículo 42 de la Ley 14 de 1983 y posteriormente el artículo 207 del Decreto 1333 de 1986 establecieron que la base gravable, en este evento, debe ser  definida por medio de acuerdos de los concejos municipales y distritales, que complementan la tarea de determinación de los elementos del tributo (art. 338 C.Po.) con base en los parámetros legales previamente definidos.

Contrario a lo que afirma el demandante, los ingresos que deben incluirse como “ingresos varios”,  a efecto de la base gravable del impuesto de industria y comercio, no son definidos por la Superintendencia Financiera. Si bien el artículo 47 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 212 del decreto 1333 de 1986 encargan a la Superintendencia la función de informar sobre  el monto al que ascienden los ingresos gravados con el impuesto de industria y comercio, debe concluirse, en aplicación del principio de interpretación conforme con la Constitución, que dicho informe tiene efectos eminentemente ilustrativos.

Esta información ayuda a los municipios y distritos a calcular, de acuerdo con la ley y el respectivo acuerdo del Concejo, la suma a pagar por cada una de las personas que realice actividades financieras en su respectiva jurisdicción”.

Ahora bien, El magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez aclaró su voto en lo relativo al alcance de la potestad tributaria de los entes territoriales, A su juicio, aunque los concejos pueden reglamentar ciertos aspectos de un tributo, carecen de competencia para “complementar” los elementos de la base gravable ya establecidos por el legislador. Además,  considera contradictorio que en la sentencia se diga que los entes tienen potestad reglamentaria y a la vez se diga que el hecho generador está claramente definido. Acogiendo este argumento el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo aclaro su voto y adiciono que no hay necesidad regulatoria inmediata para aplicar el artículo en discusión.

Recordemos que la corte ya se había pronunciado declarando la constitucionalidad del artículo pero solo  por los cargos de trámite legislativo, adicionalmente se había declarado inhibida  por los cargos de violación del principio de legalidad y certeza del tributo, en razón de la ineptitud sustantiva de la demanda. Como consta en la sentencia C-369 de 2012.


[1] Comunicado número 28 Corte Constitucional.

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