Inspección tributaria no puede ser delegada a particulares

La inspección tributaria debe ser realizada por un funcionario de la administración tributaria y en ningún caso delegada para que sea realizada por un particular o contratista.

Es el caso de la secretaría de hacienda del municipio de Bucaramanga que delegó en un contratista particular la realización de una inspección tributaria a un contribuyente, lo que a la postre llevó a que los actos administrativos derivados del proceso de fiscalización fueran declarados nulos por la justicia administrativa.

En esa oportunidad, el Consejo de estado en sentencia 18713 del 7 de noviembre de 2012 expuso que:

De lo anterior se advierte que la inspección tributaria fue practicada por un contratista de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Bucaramanga. Por consiguiente, no fue realizada por un funcionario de esta secretaría, como lo exige el artículo 108 del Acuerdo 39 de 1989 en concordancia con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Nacional. Si bien es cierto que el Secretario de Hacienda Municipal tenía la facultad de delegar esta función, la delegación debía realizarse conforme con los parámetros señalados en la ley, que establecen que la función de fiscalización de los tributos podía delegarse a sus subalternos, sin que se haya previsto que esta pudiera ser delegada a particulares. Por las razones expuestas, es claro que esta prueba fue practicada con desconocimiento de las normas legales que establecen la competencia para la fiscalización de los tributos, puesto que fue un particular quien práctico la visita, pidió explicaciones y rindió el informe en el acta de inspección tributaria. A ese respecto, se debe señalar que el hecho de que los actos demandados se hayan sustentado en una prueba practicada ilegalmente, configura una violación al derecho del debido proceso de la parte demandante, toda vez que sin soporte legal alguno un particular ejerció una competencia asignada por ley a la Secretaría de Hacienda Municipal. En ese sentido, la inspección tributaria practicada ilegalmente y que obró como fundamento para la expedición de los actos demandados, afectó la validez de los mismos, toda vez que sin ella se carece de la prueba que controvirtió los datos declarados por el contribuyente y que sirvió para la modificación de la liquidación privada. Por las razones expuestas, debe confirmarse la nulidad de los actos demandados declarada en la sentencia de primera instancia, y por tanto, la Sala no analizará los demás argumentos expuestos en el recurso de apelación de la parte demandada.

Es un error en el que por supuesto no incurre la Dian pero en el que sí incurren las administraciones tributarias territoriales que no tienen la mejor logística ni el mejor recurso humano, por lo que suelen cometer errores de bulto que terminan con la nulidad de sus actos administrativos.

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2 Opiniones
  1. levis dice:

    podrian ampliar mas este concepto muy interesante.

  2. Jose Villa dice:

    Serán errores?
    O será corrupción?
    Habrá billete de por medio del contratista para el contratante?
    Solo lo sabrá Dios ......

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