La autonomía de las normas fiscales no puede ser a costa de afectar la competitividad de las empresas

Por: GERARDO CASTRILLON A – Docente UNIAMAZONIA

Desde la vigencia de la Ley 1314 del 13 de Julio de 2.009, cuando se expidieron los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia y asumió el Consejo Técnico de la Contaduría Pública el liderazgo para la convergencia contable, han transcurrido ya más de 5 años, pero el panorama luce complejo en especial por la negativa de la DIAN en aceptar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF dado la carencia de estudios que revelen el impacto sobre el recaudo tributario y que convirtieron en tortuoso el tránsito de las Empresas locales hacia la aplicación de estándares internacionales de aceptación mundial.

En el sector privado tenemos 3 grupos, el primero de las grandes empresas reguladas en el Decreto 2784/12 que aplican NIIF plenas, el segundo grupo el de las Pymes reguladas en el Decreto 3022/13 que aplican NIIF para Pymes y el tercer grupo el de las pequeñas empresas que reúnen los requisitos de régimen simplificado y reguladas por el Decreto 2706/12 que aplican NIIF simplificadas.

En el sector público ha sido el Contador General de la Nación quien ha expedido el margo regulativo, por mandato de la Constitución Nacional le corresponde y tiene la competencia para hacerlo y lo hizo definiendo 2 grupos, el primero con la Resolución 743 /13 modificada por la Resolución 598/14 incorporando el marco normativo dispuesto en el anexo del Decreto 2784/12 para Empresas que cotizan en el mercado de valores que aplican NIIF plenas y el segundo grupo con la Resolución 0414 de Septiembre 8 de 2.014 para Empresas que no cotizan en el mercado de valores que son cerca de 2.000,  entre ellas todas las empresas de servicios públicos y los hospitales o empresas sociales del estado ESES y que aplican una mixtura de NIIF plenas y NIIF para pymes y que deben continuar manejando cuentas de orden a pesar de que las normas internacionales no la tienen.

En este año 2.015 cuando la inmensa mayoría de las empresas tanto del sector privado (Pymes) y las del sector público (Empresas de servicios Públicos y ESES) están obligatoriamente en periodo de transición para que a partir del 2016 inicien la aplicación obligatoria solo de NIIF, nos encontramos con un marco regulativo tan abundante en lo contable y tributario que nos obliga a continuar manejando las dos contabilidades como mínimo hasta el año 2.019 ya que el Decreto 2649 y 2650/93 se resiste a desaparecer dado la utilidad para efectos fiscales que tienen las normas contables colombianas que terminaron pareciéndose a las normas fiscales.

Por si fuera poco el Decreto 2548/14 por el cual se reglamentan los artículos 4 de la Ley 1314 de 2.009, 165 de la Ley 1607/12, 773 y 774 del Estatuto Tributarios, obliga a los contribuyentes a manejar Registros Obligatorios o Libro Tributario, en donde se registran las diferencias entre las normas internacionales de información financiera NIIF y el Estatuto Tributario, es decir llevarle otra contabilidad por separado a la DIAN.

Vamos a tener entonces por lo menos hasta el año 2019 un cúmulo de trabajo agregado, nada más y nada menos que la Contabilidad local y la Contabilidad bajo NIIF de manera paralela y los Registros Tributarios Obligatorios o Libro Tributario para conciliar diferencias entre la contabilidad internacional y el Estatuto Tributario Aunque en el papel se nos dice que la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia terminan este año con la derogatoria del Decreto 2649/93|, de todos es sabido que no podemos eliminarla y que va a continuar su aplicación porque se constituye en un insumo fundamental para la preparación de las Declaraciones Tributarias e Información exógena y demás cumplimiento de deberes formales ante la DIAN.

Esto eleva sin lugar a dudas el costo de funcionamiento de las empresas, para asumir con responsabilidad estos cambios que nadie discute su importancia,  porque se hace necesario disponer de nuevos recursos para la actualización de los software y hardware, de más personal para las áreas contables y otras ligadas a los procesos, contratación de asesores para capacitación y acompañamiento o servicios de outsourcing, lo cual afecta los márgenes de utilidad y la competitividad de las empresas, porque debe pagar no solamente cada vez más impuestos sin que les faciliten los procesos sino que por el contrario se los vuelven cada día más complejos, difíciles y costosos.

En todo este desbarajuste contable tienen alta cuota de responsabilidad, las autoridades de supervisión señaladas en la ley 1314/09, ellas son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el de Comercio Industria y Turismo, que aún después de tantos años no planeó ni preparó ni facilitó la aplicación de las normas de convergencia, en especial disponiendo que su entidad recaudadora de impuestos (DIAN) iniciara todo el proceso con los estudios necesarios del impacto de la aplicación de las NIIF en sus contribuyentes.

Los profesionales más afectados indudablemente son los Contadores Públicos, sobre quienes descansa la mayor responsabilidad en la transición y aplicación de las NIIF con el agravante de que las Empresas en su mayoría no entienden ni son conscientes del cúmulo de responsabilidades y mayor trabajo en que se verán abocados estos profesionales ante un cambio estructural que implica un cambio de procesos y de funciones para manejar un lenguaje global y uniforme.

Ojalá el Consejo Gremial Nacional, organización que reúne las principales organizaciones gremiales del país, exija al gobierno nacional y en especial a la Dian su urgente modernización y que también rápidamente asuma los procesos de aceptación de las normas de convergencia contable para efectos fiscales, porque la autonomía de sus normas no puede ser a costa de afectar los costos y competitividad de las Empresas.

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