La categoría “empleados”, en el contexto del auto que niega la suspensión provisional de algunos apartes del decreto 3032 de 2013

Recientemente se conoció el Auto del Consejo de Estado, radicado con el número 110010327000201400008-00 (20930) de junio 3 de 2015,  que niega la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por los demandantes, dentro del debido proceso de nulidad en contra de varios artículos del decreto 3032 de 2013.

Sin pretender ahondar en el pronunciamiento de la Alta Corte, se considera pertinente hacer mención al entendimiento de la categoría “empleados”, dentro del contexto del aludido Auto; y ello con la intención de su validación con el vigente ordenamiento normativo, y con el propósito de dejar manifiestas nuevas eventuales complejidades en relación con ese importante concepto impositivo.

Para el efecto, es de recordar que el artículo 329 del E.T. consagra que “para efectos de lo previsto en los Capítulos I y II de este Título, las personas naturales se clasifican en las siguientes categorías tributarias:

  1. a) Empleado;
  2. b) Trabajador por cuenta propia.

Se entiende por empleado, toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan, en una proporción igualo superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación.

Los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumas especializados o de maquinaria o equipo especializado, serán considerados dentro de la categoría de empleados, siempre que sus ingresos correspondan en un porcentaje igualo superior a (80%) al ejercicio de dichas actividades.

Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan en una proporción igualo superior a un ochenta por ciento (80%) de la realización de una de las actividades económicas señaladas en el Capítulo II del Título V del Libro I del Estatuto Tributario.

(…)

Al respecto, anota el Consejo que del “texto de la norma trascrita, se concluye que, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, se entiende por: 

  • Empleados: Toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan, en una proporción igual o superior a un 80%, de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria, es decir, una relación laboral mediante contrato de trabajo. 
  • Trabajadores por cuenta propia: Toda persona natural residente en el país, cuyos ingresos provengan en una proporción igual o superior a un 80% de la realización de una de las siguientes actividades económicas: (…)”.

Es simple evidenciar que la acepción de “empleados”, colegida por el Consejo de Estado sólo es dable para las personas naturales contratadas mediante vinculación laboral o legal y reglamentaria (“asalariados”); entre tanto que dentro de la definición del artículo 329 también pueden categorizarse como “empleados” las personas naturales vinculadas a través de contratos de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación (“trabajadores independientes”).

Es decir, conforme a ésta primera apreciación del Alto Tribunal sería de concluir que la categoría “empleados”, sólo puede ser asumida por los “asalariados”; caso contrario para los “trabajadores independientes” quienes quedarían excluidos de tal calidad tributaria.  Claro está, en presencia de tal entendimiento se estaría por fuera de lo expresamente señalado por el artículo 329 del E.T.

En otro aparte del referido Auto, se señala que “la Sala unitaria no evidencia la violación alegada, pues si bien el artículo 329 del Estatuto Tributario alude de manera general y abstracta al concepto de “ingresos”, lo que hace el artículo 4 del Decreto 3032 de 2013 es excluir determinadas rentas para el cálculo de la proporción del 80% señalada en la ley. Y, lo cierto es que, aun cuando el reglamento no lo señale, del artículo 329 ibídem se desprende que para clasificar en la categoría de empleado o de trabajador por cuenta propia, se excluyen aquellos ingresos que no provienen de un vínculo laboral, legal o reglamentario11, o de la realización de alguna de las actividades económicas del artículo 340 de. E.T. 

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11 El artículo 103 del Estatuto Tributario considera como rentas de trabajo las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viático, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servicios personales”.

Nótese como se sigue insistiendo en la necesidad de la existencia de un vínculo laboral, legal o reglamentario para poder – el sujeto pasivo – acogerse a la categoría “empleados”.

No obstante lo anterior, y con base en la referencia número 11 que hace alusión al artículo 103 del E.T. (rentas de trabajo), bien podría pensarse que pese al yerro cometido en la definición de “empleados”, contenida en el Auto, el Consejo de Estado verificará y corregirá el equívoco incurrido al momento de interpretar armónicamente los artículo 329 y 103 del E.T.

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