La corrupción no es un problema para todos

Uno de los aspectos que se evalúa para medir la competitividad de un país es el grado de corrupción pública que lo afecta, y aunque pudiera parecer paradójico, esa corrupción no afecta a todos y por el contrario puede beneficiosa para algunos inversionistas, para aquellos que precisamente valoran esos índices de competitividad.

Un país en donde el poder ejecutivo, legislativo y judicial son corruptos por antonomasia, resulta de gran utilidad para los grandes inversionistas que con su poder económico pueden legislar a su favor, o doblar la ley según su conveniencia, o  simplemente hacer que el poder judicial no les aplique la ley.

Los grandes inversionistas, sean nacionales o extranjeros, son asesorados por buffet de profesionales directamente relacionados con altos cargos del estado en los diferentes ramos. Los integrantes de estos buffet suelen ser familiares de presidentes, de ministros, de magistrados de altas cortes y de congresistas, o están conformados por ex ministros y ex altos cargos de los diferentes poderes públicos,  lo que les permite allanar el camino a sus propósitos.

La corrupción es problema para el pequeño empresario que debe pagar los peajes hasta en el sistema judicial donde las tarifas cobradas por un secretario de juzgado empiezan en la módica suma de 1.000 pesos o una chocolatina de marca por agilizar cualquier  papel o procedimiento.

Es para esos pequeños empresarios y las personas de a pie como se dice popularmente, a los que les cuesta caro la corrupción debido a que no pueden pagar su precio, o el valor que pueden pagar no es suficiente para comprar favores que permitan un retorno razonable de lo pagado en coimas, comisiones o extorsiones, como se le quiera llamar.

De allí que un país con altos índices de corrupción difícilmente puede permitirse un progreso generalizado porque la corrupción no deja progresar a quien no puede pagar su precio, que es la mayor parte de la sociedad. Por ejemplo, es imposible que un campesino minifundista pueda obtener un título minero para explotar algún metal de alto valor que se encontró mientras labraba su tierra; eso está reservado para quien tenga el poder económico y de lobby para comprar a los funcionarios públicos encargados de otorgar las licencias y permisos correspondientes.

La corrupción es un arma de doble filo, la cuestión es en cual filo está cada quien.

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