La Dirección de Apoyo Fiscal considera que los beneficios de la ley 1739 operan directamente

Los entes territoriales cuentan con un órgano consultor en aspectos fiscales, es precisamente la Dirección General de Apoyo Fiscal DAF. Ahora bien, la ley 1739 de 2014 contempló una serie de beneficios para los contribuyentes, específicamente estamos hablando de conciliaciones, terminaciones por mutuo acuerdo y condiciones especiales de pago consagradas en los artículo 55, 56 y 57 ibídem.

En el caso de la condición especial de pago, el parágrafo 6 del artículo 57 de la ley 1739 de 2014 señala:

Parágrafo 6°. Los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones de carácter territorial podrán solicitar al respectivo ente territorial, la aplicación del presente artículo, en relación con las obligaciones de su competencia.

Nótese que no señala que deba mediar acuerdo u ordenanza alguna, ni decreto, ni ningún acto administrativo para que opere la condición especial de pago, sino que simplemente señala la posibilidad de solicitar.

Ahora bien, en los artículos 55, 56 y 57 ibídem, se “faculta” a los entes territoriales para aplicar dichas normas. El entendimiento de la expresión “faculta” tiene toda la importancia del caso.

Pues si entendemos facultad como un mandato, comprenderíamos que así como la norma faculta a la DIAN, en el sentido de obligarla, pararía lo mismo con los entes territoriales. Por otro lado, podemos entender la expresión “faculta” como la posibilidad de que los entes territoriales precisamente tomen la decisión de adoptar o no los mecanismos que trajo la reforma tributaria.

No obstante, surge un interrogante ¿Cómo se debe aplicar la norma? Pues bien podría decirse que es el concejo quien debe expedir un acto administrativo que así lo señale, otros podrán decir que es el alcalde quien deba expedir el decreto que adopte las medidas señaladas en la ley (situación que se dio en Bogotá con la expedición del decreto 026 del 16 de enero de 2015) y otros considerarán que no hay necesidad de norma alguna, sino que simplemente el contribuyente puede acercarse a la entidad territorial a que le apliquen la ley.

Al respecto, la DAF expidió el concepto 5462 de 2015, en el cual señala que “no existe ninguna discrecionalidad de la entidad territorial o de sus autoridades para efectos de dar aplicación  a los instrumentos desarrollados por la ley 1739 de 2014”.

En ese sentido la DIAN considera que no es necesario expedir acuerdo, ordenanza o decreto alguno para que opere la ley, sin perjuicio de que la entidad territorial decida un acto administrativo para efectos de dinamizar el mecanismo.

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