La doble cara o doble moral de la industria cultural

La industria cultural, tal como se llama, es una industria, no una ONG ni nada que pertenezca a todos como en efecto debería ser la cultura, y se devela una doble cara o una doble moral en esta industria cuando exigen que a la hora de pagar impuestos se les trate como cultura solamente, y a la hora de proteger sus derechos se les trate como una industria, como un negocio que debe ser rentable por sobre todas las cosas.

La industria cultural, casi en todo el mundo es subvencionada o subsidiada, y además no se les cobra impuestos o se  les cobra muy poco, porque se supone que la cultura es un bien público, unas hermanitas de la caridad que trabajan de forma altruista para mejorar y enriquecer la cultura de la sociedad. Hasta allí todo parece bien, luce justificable, ético y moral, pero el asunto cambia cuando vemos la otra cara de la moneda: esa industria poderosa y millonaria que persigue y criminaliza a quien intente disfrutar gratis de esa cultura por la que pagó de su bolsillo vía impuestos una subvención o asumió un tributo que no le correspondía.

Ya vez, rentas exentas por derechos de autor, pero si copias mi libro te mando a la cárcel. Allí no hay una justa retribución.

Por esa doble moral, por ese doble rasero de la industria cultural, vemos casos como la famosa ley lleras que pretendió meter a la cárcel a quien descargara un libro, un video o una película de Internet. Y hay otras sandeces más y mucho peores en nuestro país y en el mundo.

Si la sociedad con sus impuestos privilegia a unos artistas, escritores o actores que generan cultura, esa industria y el gobierno deberían tener para con la sociedad que intenta disfrutar de esa cultura un trato igualmente benévolo, equivalente, pero no es así. La industria cultural pide todo pero  no da nada. Cuando se trata de perseguir a quien intente no pagar por disfrutar la cultura, lo persigue como el capitalista más salvaje, como en la antigua Inglaterra que cortaba las manos a quienes osaban traicionar al reino comprando un producto que no fuera manufacturado por o en su país.

En Colombia, el artículo 95 de la constitución política dice que todos los ciudadanos tienen la obligación de contribuir al financiamiento de los gastos del estado, pero claro, exceptuando algunos privilegiados como los de la industria cultural, que los demás los releven en su obligación.

Resulta chocante que la industria cultural quiera asegurarse por todos los medios una gran rentabilidad a la vez que el estado la exime de pagar impuestos y además crea mecanismos legales abusivos para castigar a quien no esté dispuesto a pagar a un alto precio por esa cultura,  cultura por la que precisamente que ya pagó vía subsidios y exención de impuestos. Como dirá cualquier parroquiano, esos de la industria cultural son unos privilegiados de mala leche.

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