La efectividad de la ley 1429 de 2010 es del 2.7%

El 20 de agosto de 2010  se radico en la secretaria de la cámara de representantes lo que posteriormente se conocería como la ley 1429 de 2010 o ley de formalización y generación de empleo[1].  Dentro de sus motivaciones  están siempre las causas de las reformas tributarias: “mejorar la competitividad y disminuir los índices de desempleo”.

Los beneficios de las ley 1429 se resumen así:

Recientemente la Dian, a través de la subdirección de  gestión de análisis  operacional  realizó  el Primer informe sobre la aplicación de la Ley 1429 de 2010, Cifras y estimación del Costo fiscal año gravable 2011[2], dicho cuaderno de trabajo deja  al descubierto la efectividad de la ley 1429.

Según el informe para el primer año de vigencia de la Ley 1429 de 2010 el número y porcentaje de contribuyentes que cumplieron con los requisitos para acogerse a los beneficios tributarios creados en la citada ley es muy bajo, 6.441, si éste es comparado con el número de empresas que se crearon en el año 2011 que fue de 237.147, apenas un 2,7%.

El costo fiscal de la ley ascendió a  $79.766 millones  de pesos, el 35,4% del total, se encuentran en el subsector económico de otros servicios que participa con el 47,9% del total del beneficio tributario estimado para los declarantes. Le siguen en su orden, construcción (12,5%), comercio al por mayor (8,6%), servicios financieros (6,7%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones con el 6,5%, para un total de participación del 82,2% para los primeros cinco subsectores económicos. En el 2010 el desempleado tenía un promedio del 12% hoy según cifras recientes nos encontramos alrededor del 10%  las preguntas que surgen son  ¿se justifica un costo fiscal del $79.766 millones por la disminución en dos puntos porcentuales en desempleo? Y ¿obedece esta disminución del desempleo necesariamente con los beneficios tributarios otorgados mediante la ley 1429 de 2010?

Otras conclusiones que se presentan, es la concentración de los beneficios entre los contribuyentes ubicados en las direcciones seccionales de Bogotá y Medellín superando juntas el 70% de los beneficiarios de la ley 1429.

Por último el informe deja entrever la falta de coordinación entre los organismos del estado, pues  concluye en la necesidad de que Confecamaras y el Ministerio de Protección Social envíen la información para  adelantar el análisis en conjunto y  así establecer  todos los efectos fiscales de los beneficios descritos. Información que se encuentran obligadas a suministrar según el decreto 4910 de 2011.

[1] Ley 1429 de 2010

[2] Primer informe sobre la aplicación de
la Ley 1429 de 2010, Cifras y estimación
del Costo fiscal año gravable 2011

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