La exoneración al deber de denunciar y los delitos sexuales contra los menores de edad

Si bien es cierto que el Deber de denunciar, se había entendido más que como un deber, como una obligación imperativa, hoy por hoy, dicha imperatividad se ha desdibujado para convertirse en apenas una facultad  moral social solidaria, hasta el punto del lastimero  “nadie denuncia” del que se echa mano afanosa por salir del paso ante el aumento geométrico de la percepción de los delitos menores de alto impacto frente al nivel de efectividad de la Policía y las Autoridades Judiciales desde sus individuales funciones y competencias.

Independientemente que se conciba como obligación, facultad o deber, la denuncia permite un delicado equilibrio en la acción del estado entre la ocurrencia de un hecho contrario a la ley penal y el derecho a la retaliación, siendo quizá esta inspiración la que recoge la excepción de denunciar desde un principio universal inveterado, consagrado en el Artículo 68 de la Ley 906 de 2004:

Artículo 68. Exoneración del deber de denunciar. Nadie está obligado a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad [primos hermanos] o civil, o segundo de afinidad [abuelos y hermanos del conyugue o compañero], ni a denunciar cuando medie el secreto profesional.

Paradójicamente dicha excepción garantista se convirtió en un arma de doble filo al edificar una talanquera para la investigación de delitos sexuales cometidos en contra de los menores de edad que siendo víctimas de atroces conductas al interior de sus propias familias disfuncionales, nuevamente eran revictimizados  junto con su familiar doliente al no estar este, obligado/facultado a denunciar tales abominaciones, y de hacerlo, a encontrar toda suerte de apoyo leguleyo en pos de la “ilegalidad” de dicha noticia criminal, llevando al traste la restitución de derechos del menor y la reparación integral desde el castigo de tales transgresiones, al menos de manera estadística ya que de manera cierta, por más excelente que sea la terapia y más dura que sea la pena, jamás habrá un cierre ni podrá recomponerse la identidad del violentado.

Tuvo que transcurrir una década de postración para que por vía de Acción de Constitucionalidad a través de la Sentencia C-848 de 2014, se atendiera un clamor desde la frustración y el dolor más profundo de nuestra infancia agraviada para que se precisara que la exoneración del Artículo 68 no comprende aquellos casos en los que la víctima del delito sea un menor de edad, máxime aun, si se afecta la vida, la integridad personal, la libertad física o libertad y formación sexual de este, siendo quizá la razón preponderante por la que este cáncer en los últimos meses muestra su real magnitud, aun en la espera de mecanismos de atención a la víctima realmente eficaces, continuos y verificables al tiempo que por una política criminal acorde con el tamaño del daño causado que mire al abusador más que con la cara cómplice de un enfermo, con el peso de una condena suficiente aseguradora en el consuelo, que se salvarán otros menores de edad al permanecer a buen recaudo en institución penitenciaria, mediante penas por lo menos iguales a las del homicidio agravado, 60 años sin negociaciones o rebajas que la ridiculicen.

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