La falta de una justicia tributaria especializada

Desde la organización de la rama de la justicia, hemos visto como magistrados han sido nombrados por afinidad y sin la suficiente experticia que requiere dilucidar temas tributarios. El año pasado hacíamos énfasis en la necesidad de que quienes conforman la sección cuarta del consejo de Estado fuesen nombrados en razón de su afinidad con el tema tributario.

Hoy la historia nos da la razón. En días pasados un magistrado del tribunal administrativo oral de Santander requirió a la DIAN con el objetivo de que está diera su opinión respecto a un caso en particular.

Por fortuna la DIAN mediante  concepto 19129 del 21 de marzo de 2014 aclaro que no podía ser juez y parte en los siguientes términos:

De otra parte, de acuerdo con el contenido del capítulo VII del acta referida, nos permitimos informarle que una vez revisadas las funciones cuya competencia están a cargo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, enmarcadas en el Decreto 4048 de 2008, no está la de expedir certificación alguna respecto a las forma en que liquida cualquier impuesto del orden nacional un contribuyente en determinado tipo de contratos por un período fiscal, por solicitud de un responsable del IVA que se encuentra en un proceso de acción y nulidad ante el Contencioso Administrativo, sólo por el hecho de realizar la misma actividad económica de éste.

Es de precisar que sólo para la determinación oficial de tributo, está permitido legalmente la fiscalización de los sujetos pasivos de los impuestos nacionales mediante la selección previa de los contribuyentes a investigar según indicios y programas sistematizados del área competente, otorgando el derecho al investigado a un debido proceso.

En los programas de fiscalización y control ejecutados por la DIAN, se constata el cumplimiento de sus obligaciones sustanciales y formales, como son las de declarar, liquidar y pagar el tributo, facturar, contabilizar y suministrar información, entre otras. Así mismo, se profieren y notifican los actos administrativos a que haya lugar, los cuales van desde emplazamientos para corregir, requerimientos especiales, liquidaciones oficiales de revisión, hasta resoluciones que resuelven recursos. No de otra manera, se pueden adelantar investigaciones con dichos propósitos.

En estos casos, como el que nos ocupa y por su competencia, la rama judicial ha solicitado dictámenes periciales, técnicos y comparativos, a los auxiliares de la justicia inscritos para tal fin, y así poder evaluar si las pruebas son pertinentes, conducentes o idóneas, evitando de esta forma que la entidad demandada -DIAN - se convierta en juez y parte, cosa que es un absurdo.

¿Podemos esperar verdadera justicia por parte de estos jueces que no comprenden los temas tributarios? La verdad no, de allí la importancia de tener una justicia especializada, no es suficiente que un magistrado tenga tendencia administrativa, la rama tributaria es compleja y el Estado debe responder a dicha necesidad.

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