La feria del 80%

El día miércoles 25 de septiembre de 2013, un contribuyente común y corriente, perteneciente a las denominadas rentas pecuarias, recibió una llamada por parte de una funcionaria de la división gestión de cobranzas, mediante la cual se le indicó que debía acercarse a pagar un   monto cercano a los dos millones de pesos ($2.000.000) para efectos de acogerse a la condición especial de pago que trajo consigo la reforma tributaria.

Si bien, el contribuyente tenía en curso un proceso de fiscalización correspondiente al impuesto de renta y complementarios del año gravable 2010, este, a su vez había aceptado la propuesta de la administración tributaria a través del requerimiento especial y había dado respuesta adjuntando los soportes de pago y la aceptación de los hechos como corresponde según el artículo 709 del estatuto tributario. Dicha acción, se había dado al menos con un mes de anterioridad a la llamada de la funcionaria de la Dian.

Sorprendido y con toda razón, el contribuyente decide llamar al contador de la empresa, quien a su vez se pone en contacto con el asesor tributario que asesoró el proceso, y deciden ir a indagar la razón de la llamada y en caso de ser verídico, pagar las sumas adeudadas.

La sorpresa no era menor, filas interminables para poder llegar a la división gestión de recaudos y cobranzas, pues el contribuyente decide ir al día siguiente, pues requería al menos un día para la consecución de los dineros supuestamente adeudados.

Una vez allí, se le asigna un turno, el numero era el 66, no estaba mal, pues los llamados a los contribuyentes iban en el turno número 50. Esperó alrededor de una hora, hasta que llegó el momento de ser atendido, y allí comenzaron los inconvenientes, la funcionaria asignada no fue precisamente la funcionaria que llamó al contribuyente, por lo tanto, no tenía conocimiento alguno sobre el proceso.

Entonces al ver, que no habría una explicación suficiente, y ante argumentos como “cancele que si no deben, luego se le devuelve”, decide el contribuyente confrontar directamente a la funcionaria que efectivamente había llamado al contribuyente. Quien ante tanta insistencia, decide atender de forma desprolija, su argumentos son simples “yo ya hice los cálculos y lo que le dije es lo que debe, cancele para que no pierda el beneficio”, pero el contribuyente ante la certeza de haber cumplido las normas tributarias, es decir, haber aceptado de forma escrita los hechos propuestos y haber pagado las sumas a la administración, requería una explicación de lo que se adeudaba según la funcionaria y su forma de cálculo.

Es así, como decide ir directamente con la jefe de la división, quien de forma atenta y responsable decide hacerle seguir y escucharle un momento, como entiende que el contribuyente al parecer posee certeza de los hechos, designa a una tercera funcionaria, quien en igual medida de forma amable y paciente decide realizar los cálculos respectivos con los documentos que llevaba el contribuyente. El tiempo entre el ingreso a la entidad y la atención osciló las 4 horas. Cuatro horas de trabajo de un representante legal de una gran compañía piscícola, cuatro horas del contador de la empresa, y cuatro horas del asesor tributario. Es decir 16 horas de trabajo productivo de tres profesionales malgastados entre filas y explicaciones para ser atendidos.

Sin más preámbulo, la funcionaria decide hacer el ejercicio de cálculo y encuentra que efectivamente con las pruebas allegadas por el contribuyente (respuesta al requerimiento especial, declaraciones y  recibos de pago) soportan a cabalidad la supuesta deuda, y que por lo tanto el contribuyente debe “estar seguro de lo que hace ante la administración, porque una cosa es la obligación financiera del sistema y otra puede ser la realidad”. Todo está dentro de los estándares de una entidad pública de nuestro país, pero antes de retirarnos del despacho, dice una frase que aun retumba en mi mente, dice la funcionaria “la próxima vez no dejen todo para lo último”.

Como así, nos llaman en tono dictatorial al representante legal de una empresa que genera alrededor de trecientos empleos a decirle que si no quiere perder el beneficio debe pagar dos millones de pesos, el contribuyente consiente de que no debe suma alguna, decide indagar en la administración tributaria, y entonces ¿la culpa es del contribuyente por querer saber con certeza porque para la Dian aparece con una obligación?

El motivo de esta columna es dejar simplemente un interrogante para la administración tributaria ¿Es ese el trato que merecen las personas que generan empleo en este país?

Por último, es inadmisible tener que esperar a que el defensor del contribuyente  regional pase haciendo ruta para que nos defienda, eso si opta por hacerlo. Es hora de cambiar los paradigmas.

Nota: no desconozco los esfuerzos realizados por la entidad para poder atender a todos los contribuyentes, pero si algo es claro, es que si alguien tiene una deuda tiene derecho a saber por lo menos el motivo de la misma.

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