La imputación del pago parte I. Determinación de la naturaleza de la obligación

Es recurrente la inquietud de nuestros lectores en cuanto en que forma y cuando debe hacerse la  imputación [aplicación] del pago a las obligaciones monetarias cuando se trata de préstamos a plazo en mora originados en operaciones comerciales o bancarias, tanto así como aquellas  de agio o gota gota, y las de pago periódico, como las de expensas de administración de la propiedad horizontal,  cánones de arrendamiento de vivienda urbana, entre otras.

Sea lo primero significar que para comprender las variables de la institución jurídica de la imputación del pago, debemos establecer primeramente si la obligación es de naturaleza comercial, civil, o fiscal, para luego si, entender, reclamar y aplicar el régimen correspondiente que la regula.

Determinación de la naturaleza de la obligación

A manera de simple introducción general, el régimen de la naturaleza de las obligaciones se estructura  de manera universal en tres grandes ítems, de los que se desglosan un sin número de variables: Civil,  cuando  proviene de manifestaciones, conductas o relaciones de negocios exclusivamente entre personas del común, solo reguladas por el Código Civil o por algún régimen especial que los sigue manteniendo como tal; Comercial, cuando proviene de manifestaciones, conductas o relaciones de negocios exclusivamente entre personas reguladas por el Código de Comercio y demás normas especiales y excluyentes,  y Fiscal, cuando proviene de manifestaciones, conductas o relaciones de negocios inherentes a las cargas impositivas con el Estado.

De esta forma, para la imputación  del pago,  siguiendo el orden previo, contemplamos correlacionalmente tres estatutos claramente diferenciados con sus respectivas disposiciones especiales y reglamentarias, aunque no necesariamente excluyentes entre sí, sino remitentes y complementarios: el Código Civil, el Código de Comercio y el Estatuto Tributario, de tal suerte que en principio tendríamos que ubicar dentro de ese contexto, la naturaleza de nuestra deuda y en consecuencia, determinar de conformidad frente a cual régimen se estaría resguardando.

Para efectos prácticos de la exposición y abusando de la academia, excluyendo la referencia al Estatuto Tributario, insistiremos en que las normas del Código Civil se orientan de manera restrictiva en la regulación de  las relaciones de negocios entre particulares, esto es, entre nosotros, personas del común, y de manera residual remisoria a algunas relaciones de naturaleza comercial o fiscal, en tanto el Código de Comercio regula de manera directa las relaciones de negocios entre comerciantes, o entre comerciantes y personas que no lo son, e incluso entre no comerciantes, partiendo de la base que la regulación no parte de la base de que la persona esté inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio como comerciante, sino tal lo concibe el Artículo 11 de aquel, incluso cuando las personas “… ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones…”                            

En el orden trazado y en aras de contextualizarnos, tendremos  que una obligación dineraria será de naturaleza comercial y por extensión bancaria / financiera, si se encuentra contenida -por excelencia-, en un titulo valor [cheque, letra, factura, pagaré] de tal forma que estará regulada por el Código de Comercio y reglamentación bancaria/financiera complementaria, con la precisión conceptual en cuanto que, si por cualquier eventualidad, ya en debate judicial, el titulo valor [en especial la factura y el pagaré], perdiese alguna de sus características como tal, no obstante el negocio que le dio origen permanece inalterable rigiéndose por la norma comercial que lo soporta,  el titulo valor contentivo de la obligación perderá sus privilegios  y desnaturalizándose como tal, se convierte en  un mero titulo ejecutivo de naturaleza civil, y por ende su regulación económica, ya no será la del Código de Comercio, sino la del Código Civil, con las consecuentes inmensas variaciones en la imputación del pago de los intereses del plazo y de mora, como en líneas siguientes se expone.

Ahora, cualquier obligación económica contenida en contratos de cualquier naturaleza celebrados por, o con un comerciante, se regirá substancialmente bajo el Código de Comercio, siempre y cuando la actividad que se derive del contrato no  se encuentre regulada en una ley especial, caso en el cual, se regirá por esta, cual es el caso de los contratos de arrendamiento para vivienda urbana que no obstante ser explotados por sociedades comerciales inmobiliarias sometidas como comerciantes al Código de Comercio,  respecto de estos contratos propiamente dichos, se gobiernan por normas de naturaleza civil previstas en la Ley 820 de 2003 y decretos reglamentarios, y por ende, las ecuaciones económicas que los comprometan, se regirán por el Código Civil, en especial lo atinente a intereses moratorios por el no pago oportuno de los cánones de arrendamiento, que la gran mayoría, por no decir que todas, las inmobiliarias, pretenden y de hecho lo hacen, de manera comercial amparándose, en mi criterio, abusivamente, en el Código de Comercio.

De otra parte, cualesquier otra obligación o actividad celebrada entre personas comunes, o provenientes de estas, verbigracia, contratos de mutuo [préstamo de dinero], compraventa de casas, fincas, ganado, carros, muebles, etc; permuta, comodato, deposito, mandato, servidumbres, derechos de uso, explotación, expensas de administración de propiedad horizontal, etc, serán de naturaleza civil y por ende se regirán exclusivamente por las disposiciones del Código Civil para su nacimiento, interpretación, desarrollo, cumplimiento y extinción de cualquier manera, circunscribiendo para nuestro caso, el pago como medio particular de extinción de las obligaciones.

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