La inspección tributaria y los conflictos de procedimiento tributario

Una aspecto que quedo en veremos en la reforma tributaria  fue lo relacionado con los conflictos generados entre los contribuyentes y la administración tributaria referente a la correcta aplicación del procedimiento tributario.

El libro quinto del estatuto tributario debería ser objeto de un profundo análisis en las facultades de derecho y contaduría pública por encima de la normatividad sustancial. Pues como dice el profesor Martin Emilio Rey “¿de qué sirve las normas sustanciales si no sabemos cómo aplicarlas? ¿Si no entendemos como se debemos actuar ante la administración tributaria?”

Un punto que es neurálgico, es la firmeza de las declaraciones, pues no es menor el hecho que ocupen el segundo lugar de discusión ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo después del impuesto de renta.[1] Normalmente  la firmeza de da a los 2 años después del vencimiento legal de acuerdo con el artículo 714 del Et.

Sin embargo el fenómeno de la suspensión  del término de firmeza por la práctica de inspección tributaria de oficio  ha traído consigo varias dificultades en su aplicación. Veamos por qué.

Supongamos los siguientes hechos.

  • El vencimiento para declarar era el 15 de abril de 2010
  • El 15 de diciembre de 2011 se profiere auto de inspección tributaria debidamente notificado.
  • El 25 de marzo de 2012 se profiere acta de inspección tributaria  3 meses y 10 días después de decretada la misma.

  • El círculo es donde se presenta la controversia pues  es allí dentro de los tres meses donde algunos pensamos que debe levantarse el acta de inspección tributaria.
  • Siendo así en este caso la firmeza de la declaración seria el punto rojo, es decir no operó la suspensión del término de firmeza.
  • El punto verde es la posición del consejo de estado que insiste en que no es necesario levantar el acta dentro de los tres meses que dure la suspensión.

Primero la inspección tributaria es un medio de prueba contemplado en el estatuto tributario en el artículo 779 dentro del cual se resalta:

…La inspección tributaria se iniciará una vez notificado el auto que la ordene. De ella se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha de cierre de investigación debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron… 

Es claro que debe entonces levantarse un acta  que en últimas es el medio probatorio. Por otro lado  el consejo de estado ha dicho respecto al cómputo de los tres meses lo siguiente:

Para la Sala, la suspensión del término para proferir el requerimiento especial empieza a correr desde la fecha en que se notifique el auto que ordena la inspección tributaria, pero opera solamente cuando la diligencia se practica, para lo cual basta que dentro del periodo se realice al menos una prueba relacionada con la inspección, pues resulta claro que mientras los funcionarios comisionados o inspectores no realicen alguna actividad propia de su encargo, no puede entenderse como es obvio, que hubiesen efectuado la "inspección" ni menos que hubiese empezado la suspensión del mencionado término[2].

Entonces para el consejo de estado basta con que se levante una prueba (un cruce de información, una diligencia, una visita, un requerimiento informativo a un tercero)  y no que se “levante el acta” como lo ordena el artículo 779, algo superfluo tratándose del  máximo órgano judicial de lo contencioso administrativo. Ahora bien, de una prueba debe obedecer a todos sus principios  que se rigen, de acuerdo a Elizabeth Whittingham son: (i) principio de la necesidad de la prueba, (ii) Principio de la oportunidad de la prueba, (iii) Principio de publicidad y contradicción, (iv) Principio de Legalidad de la prueba, (v) Principio de la eficacia de la prueba, (vi) Principio de carga de la prueba, (vii) Principio de la exoneración de la prueba, (viii) Principio de la favorabilidad, entre otros. En nuestro caso no cumpliría a cabalidad con el principio de oportunidad de la prueba pues esta fue “realizada” por fuera del termino de suspensión.

Si bien no es obligación de la administración dar traslado del acta de forma independientemente, si lo era el “extenderla” o suscribirla  una vez culminada la inspección tributaria. Para que la inspección tributaria tenga valor probatorio se requiere que exista jurídicamente, que posea validez legal y eficacia probatoria. Entonces si el “acta” como medio probatorio resultante de la inspección tributaria se realiza por fuera el término de suspensión es ineficaz el auto que decretó la inspección.

Esta posición contraría lo expuesto por el consejo de estado a lo largo de su línea jurisprudencial pero es una clara evidencia de los conflictos  que persisten en el procedimiento tributario y que de no aclararse  seguirán generando confusión a todos los contribuyentes.

[1] Estudios críticos de jurisprudencia tributaria tomo II , Julio Roberto Piza pág. 436

[2] Consejo de estado sección cuarta sentencia 5 de diciembre de 2003 M.P. Ligia López Díaz expediente 13598

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