La revocatoria directa aplicada en los procesos de contratación pública en Colombia

Las entidades estatales, luego de haber publicado la documentación que integra los procesos de selección, pueden hacer uso de la revocatoria directa, si así lo consideran necesario para garantizar un correcto y transparente desarrollo del procedimiento de contratación. Sin embargo, su aplicación tiene un límite temporal, el cual de ser excedido podría causar graves consecuencias para el ordenador del gasto.

Todos los procesos de contratación pública en Colombia se realizan mediante la expedición de actos administrativos de carácter general y particular. Aquellos actos que son de carácter general, son susceptibles de revocatoria directa.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-835-03, definió esta figura jurídica de la siguiente manera:

“…Según la legislación vigente, la revocatoria directa, en cuanto acto constitutivo, es una decisión invalidante de otro acto previo, decisión que puede surgir de oficio o a solicitud de parte, y en todo caso, con nuevas consecuencias hacia el futuro.  En la primera hipótesis el acto de revocación lo dicta el funcionario que haya expedido el acto administrativo a suprimir, o también, su inmediato superior. En la segunda hipótesis, el acto de revocación lo profiere el funcionario competente a instancias del interesado….”.

Es así que la revocatoria directa se encuentra estipulada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Su aplicación en los procesos de contratación pública, es factible al considerar que al realizar su apertura debe efectuarse mediante acto administrativo de carácter general tal como se observa en el artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, el cual cita que:

“…Acto administrativo de apertura del proceso de selección. La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para las modalidades de selección, previstas en el capítulo 2 del presente título…”. (subrayado y resaltado fuera de texto).

Sin embargo, para acudir a esta figura jurídica es necesario que existan hechos o argumentos que se enmarquen dentro de las causales legales, las cuales se encuentran señaladas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, así:

“…CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

  1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
  2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
  3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona...”

Es así que, los procesos de contratación pueden ser revocados directamente por la Entidad Estatal, luego de publicados en el SECOP, por las causas señaladas en el artículo anterior, para lo cual deben motivar y argumentar dentro del acto administrativo, los hechos que impulsan dicha actuación.

No obstante, para acudir a esta figura jurídica, la entidad estatal no debe haber recibido propuestas. Es decir, el proceso de selección puede ser revocado hasta antes de la recepción de ofertas y realización del cierre del proceso.

En las diferentes modalidades de selección, a excepción de la contratación directa y la mínima cuantía, el acto de revocatoria está dirigido contra la resolución de apertura, el cual anularía el pliego de condiciones definitivo y demás actuaciones realizadas dentro del proceso de contratación.

Por su parte, en los procesos de mínima cuantía, el acto de revocatoria está dirigido al documento denominado “Invitación Pública o Invitación a Cotizar”, el cual es el equivalente al pliego de condiciones en las demás modalidades. Algunos operadores jurídicos, también hacen referencia en el acto de revocatoria, a los documentos de estudios previos.

Así mismo, se viene consolidando una práctica sana, aunque no expresada literalmente en la normatividad vigente, la cual consiste en realizar y publicar la resolución de apertura en los procesos de mínima cuantía, situación que facilita la expedición del acto de revocatoria, en caso de requerirse.

En conclusión, la revocatoria directa en los procesos de contratación, sólo se puede efectuar, hasta antes de recibir propuestas, sin considerar la modalidad. Se deben argumentar en la parte motiva del acto de revocatoria, los hechos que soportan dicha decisión, la cual debe enmarcarse en los siguientes criterios: a) Que el acto se halle en manifiesta oposición a la Constitución Política o a la ley; b) Que el acto no esté conforme con el interés público o social, o atente contra él; y c) Que el acto cause agravio injustificado a una persona.

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