La sanción por inexactitud no impide la aplicación de la sanción por devolución improcedente

El hecho que la Dian imponga la sanción por inexactitud no le impide imponer también la sanción por devolución improcedente, en caso que el contribuyente haya solicitado en devolución un saldo a favor que luego fue modificado por actuación de la Dian.

Cuando se aplica una sanción por devolución improcedente, significa que el saldo a favor devuelto al contribuyente era incorrecto y que fue modificado o bien por el  mismo contribuyente en ocasión a los recursos que interpuso contra las actuaciones administrativas de la Dian, o bien porque la Dian profirió liquidación oficial de revisión, y cuando esto sucede, por regla general se impone también la sanción por inexactitud.

Algunas personas consideran que se impone una doble sanción por un mismo hecho, puesto que si se presenta inexactitud en la declaración tributaria que originó la devolución del saldo a favor en ella determinada, la consecuencia lógica será la improcedencia de dicha devolución.

Y en efecto, incurrir en una inexactitud supone luego una devolución indebida, por lo que primero se impondrá la sanción por inexactitud contemplada en el artículo 647 del estatuto tributario, y luego, en otro proceso, se impondrá la sanción por devolución improcedente contemplada por el artículo 670 del estatuto tributario.

La sección cuarta del consejo de estado al referirse a este aspecto en sentencia 16955 del 31 de julio de 2009 manifestó:

Tratándose de la liquidación oficial de revisión y de la resolución sanción por improcedencia de las devoluciones, esta Corporación ha señalado que se trata de dos actuaciones diferentes e independientes: una es la actuación administrativa relacionada con determinación oficial del tributo y otra la correspondiente a la exigencia del reintegro de la devolución efectuada, aún cuando la orden de reintegro se apoye fácticamente en la actuación de revisión.

El procedimiento que culmina con una liquidación oficial de revisión tiene por objeto modificar las declaraciones privadas cuando la Administración establezca que la determinación del impuesto hecha por el contribuyente, responsable o agente retenedor no fue la correcta.  Por su parte los procesos sancionatorios pretenden castigar las infracciones a las normas tributarias.

Esta realidad hace supremamente onerosa la solicitud de un saldo a favor que no se ajuste a la realidad, puesto que procederán dos sanciones, juntas bastante elevadas.

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