La territorialidad del ICA

Siempre se han presentado distintas posturas en relación con la territorialidad del ICA, en especial en lo referente a las actividades industriales. No obstante la realización de la actividad comercial no ha sido ajena a estas circunstancias.

Es así como el artículo 32 de la ley 14 de 1983 estableció respecto a la territorialidad del ICA lo siguiente:

“Artículo 32º. El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.” La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-121 de 2006, declaró EXEQUIBLE el texto subrayado contenido en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 y compilado en el artículo 195 del Decreto No. 1333 de 1986.

Ahora bien, el “ejercer o realizar” la actividad ha significado doctrinariamente una serie de condiciones que se deben configurar para determinar la territorialidad, como lo son el conjunto de operaciones y/o las gestiones realizadas. Es así como en la jurisprudencia se ha hecho énfasis en que lo que pretende gravar el ICA es la actividad comercial y no donde se realice la venta (Sentencia 2180 de 1990 CE). En igual sentido se ha manifestado que el sitio donde se dirigen las mercancías o el lugar donde se suscribe el contrato no son determinantes de territorialidad (Sentencia 14582 de 2005 CE).

No obstante el Consejo de Estado mediante sentencia 19094 de 2013 parece señalar únicamente como factor determinante el precio al leer:

“En efecto, la Sección Cuarta ha precisado que el lugar donde se realiza la actividad comercial de venta de bienes es aquel donde se concretan los elementos del contrato, esto es, el precio (y dentro de éste, la forma de pago) y la cosa que se vende, independientemente del lugar donde se hagan los pedidos.”

De los testimonios que recibió la Administración de algunos de los clientes de la demandante, se corrobora que los representantes o ejecutivos de venta tienen como función principal visitar a los clientes en la ciudad de Bogotá y asesorarlos. Sin embargo, no tienen capacidad para fijar autónomamente las condiciones de venta con el almacén de cadena (cliente). Los precios, descuentos y estrategias promocionales no son fijados por tales ejecutivos, sino por la Vicepresidencia Comercial. Su función, entonces, es la de coordinar la venta, no acordarla, pues los aspectos determinantes del contrato, como son el precio y la entrega del bien se realizan desde Cota, aunque el cliente mayorista se encuentre en Bogotá.

Así mismo, se advierte que la negociación entre el ejecutivo de cuentas y el almacén de cadena se realiza con base en el portafolio y los precios fijados por la Vicepresidencia Comercial de LG, que es la única que tiene la facultad para establecer las ofertas mercantiles que aceptan los clientes, al igual que los porcentajes de descuento para la venta, la reducción de precios, los reembolsos, los privilegios de devoluciones, los fondos de soporte de mercadeo, todo de conformidad con las políticas de precios de LG, documento que no fue controvertido por la entidad demandada[60].

Como consecuencia de este fallo, la misma Oficina de fiscalización de la Secretaria de Hacienda de Bogotá consultó a la Subdirección Jurídica Tributaria de la entidad. Y esta, después de una largo análisis, parece desentenderse de la postura efectuada por el Consejo de Estado en la sentencia 19094 de 2013 y deja claro que la línea que debe seguirse, será la que determine la misma secretaria de hacienda.

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