La utopía del principio de consensualidad en contratos de servicios públicos

Los contratos están regidos por un principio universal llamado el principio de consensualidad, que no es otra cosa que la expresión de voluntad de las partes para adquirir obligaciones y deberes entre si.

Cuando se firma un contrato con una empresa prestadora de servicios públicos, se supone qua ha habido un consenso entre las partes sobre las condiciones del contrato, de la prestación de los servicios, de los procedimientos de solución de conflictos, etc.

Frente a los contratos de prestación de servicios públicos y otros más, la realidad de las cosas es que no hay tal acuerdo de voluntades, puesto que el usuario la única decisión que puede tomar es no firmar el contrato, lo que equivale a no poder tener el servicio público.

No puede haber acuerdo de voluntades cuando una de las partes le presenta un contrato listo para firmar, donde esa única parte ha diseñado las condiciones acorde a sus intereses, por lo que lógicamente la contraparte lo único que podrá hacer es firmar, sin tener la mas mínima oportunidad de cuestionar alguna de las condiciones lo que resulta en una clara imposición.

El hecho que una persona acepte firmar sin discusión un contrato, no significa que haya existido el principio de consensualidad, pues este se basa en que las dos partes están de acuerdo en cada una de las cláusulas del contrato, y para eso, como mínimo deben haber tenido la oportunidad de participar en la redacción y planteamiento de las mismas.

El principio de consensualidad es mucho más que aceptar firmar un contrato por necesidad, por no existir otra opción.

El asunto es mas grave cuando las condiciones del contrato impuesto por las empresas prestadoras de servicios públicos, no están reguladas ni si quiera por la ley de la oferta y la demanda, puesto que no existe más que un oferente. Estamos sometidos a los caprichos e intereses de una sola empresa, y no se requiere hacer un mayor esfuerzo para entender el peligro de abusos y atropellos a los que se expone el usuario.

Este tipo de empresas, debido al privilegio que tienen a la hora de contratar [imponen siempre las condiciones], son por lo general ineficientes, ineficiencia que es o cobrada al usuario. Los desaciertos administrativos y financieros de estas empresas, se solucionan aumentando las tarifas de los servicios o desmejorando la calidad del servicio.
Y aún más preocupante luce el panorama cuando las entidades de control que tienen como deber proteger los derechos de los usuarios, son casi inoperantes. En muchas ocasiones resulta más económico en términos de tiempo y hasta de recursos, pagar un abuso de la empresa prestadora del servicio que hacer una reclamación, que en la mayoría de los casos no se soluciona al favor del usuario, por lo que este en últimas tendrá de todas formas que pagar el abuso de la empresa.

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