Las interventorías sólo han servido para que el botín robado se reparta entre más personas

En contratación pública se recurre a las interventorías para aseguren que el contrato se ejecute correctamente y se cumplan con los lineamientos y  términos establecidos tanto en las normas que regulan la obra contratada como en las clausulas o condiciones pactadas en el contrato, pero la realidad nos indica otra cosa, que la interventoría lo que consigue es que lo robado por el contratista en  asocio con el contratante se reparta entre más personas, pues hay que incluir en el reparto a los interventores que tendrán que avalar el cumplimiento de lo que no se ha cumplido.

Si las interventorías cumplieran con su papel no veríamos día tras días los escándalos de corrupción sobre obras que se pagan y no se hacen,  se hacen a medias, o con muy baja calidad, o con excesivos sobrecostos. Si una obra no se hizo de acuerdo a lo pactado, no se entiende por qué el interventor certificó  que sí.

Es evidente que un contrato que no se ha ejecutado de la forma adecuada, no debe recibir el “visto bueno” de la interventora, pero no sucede así, pues la interventora termina avalando contratos con grandes fallas o que son un auténtico despropósito, y ello no se debe a que las interventorías son incompetentes, ingenuas o despistadas, ello obedece a que forman parte del entramado corrupto ideado para defraudar al estado, donde todo ha sido premeditado y preparado, desde la preparación de la licitación, la selección del contratista hasta la selección del interventor. Todo está previamente “cuadrado” para robar.

Que el contratista incumpla con el contrato es algo que se puede esperar, pero que el interventor valide el incumplimiento es algo que no se puede tolerar ni permitir, y ello debería acarrear una pesada responsabilidad civil y penal, superior a la de contratista y contratante, puesto que el interventor miente descaradamente para favorecer los intereses de un contratista incumplido, ladrón.

Se supone que el interventor debe certificar que las cosas se han hecho de la manera correcta, pero resulta que no lo hace, y termina certificando como bueno lo que es malo y como cierto lo que es mentira.

Si el estado impusiera una elevada responsabilidad civil y penal a los interventores, estos no se plantearían mentir descaradamente, y si un contratista no encontrara un interventor dispuesto a apadrinar su fechoría, seguro que no estaría dispuesto a incumplir con el contrato, pues no podría cobrar el trabajo que no ha realizado según se comprometió.

El estado debe asegurarse de que quien tenga la función de vigilar el cumplimiento de un contrato lo haga correctamente, pues ello será suficiente para que un contratista se arriesgue menos a incumplir.

Pero desafortunadamente como están las cosas, las interventorías no son más que un elemento más de corrupción que encarece las obras, porque además de que hay que  pagarles, hay que robar más para darles su parte. Entre más personas participen en un robo, más hay que robar para repartir a tantos.

Como están las cosas hay que robar para el alcalde, el concejo, los secretarios, el contratista, el interventor, el contralor,  y otros más, por lo que no es extraño que una obra mal construida valga 5 o 10 veces más de su valor real.

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Una opinión
  1. PAOLA dice:

    Buenos días

    Me gustaría saber si un proyecto de propiedad horizontal que en este momento delego a una administración provisional, puede realizar cobros abusivos, ya que se trata de un conjunto que por demoras de ellos no ha sido entregado ni terminado en su totalidad, con estrato 2, en el municipio de la calera, y a quienes nos han entregado, aparentemente a 40 de 200, el 20% de propietarios nos estan cobrando una cuota exagerada de 150.000 con la premisa de que la cuota disminuira a medida que entreguen mas viviendas, pero la demora es de ellos.

    Gracias.

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