Las pesadillas económicas se pueden hacer realidad

Todos los países están sobre endeudados, principalmente los más ricos, quienes deben más del 100% de lo que producen en un año  (PIB), y el FMI, quien dirige la política monetaria y económica a nivel mundial, busca alternativas para bajar ese nivel de deuda, y se le ha ocurrido que se puede conseguir confiscándole el 10% de la riqueza de la gente.  Leer informe en inglés.

Así de simple y de fácil. Proponen que los estados le quiten el 10% de lo que la gente tenga. Sin comentarios, sin tribulaciones, y sin anestesia, que si alguien se molesta para eso está la policía.

Y se trata de una propuesta oficial del organismo monetario quizás más poderoso del mundo entero,  de manera que no se trata de especulaciones ni rumores, ni de acusaciones conspiranoica de izquierdistas trasnochados, ni de anarquistas. Es la realidad  cruda que nos ponen de frente.

Ya ni se molestan en guardar las apariencias, en presentar las cosas de otra forma para que luzcan menos feas. Lo dicen claro, fuerte y de frente; se nota que ya no le tienen respeto ni temor a la ciudadanía, les importa poco la opinión pública, actitud propia de quien está seguro de ostentar el poder. Como diría cualquier adolecente caprichoso: si no les gusta, de malas.

Es el panorama a que nos enfrentamos. Un fin de semana cualquiera, como ya les sucedió a los chipriotas, amaneceremos con que el estado  nos ha confiscado el 10% de nuestras cuentas bancarias, que es a lo que primero suelen echarle mano por lo fácil que  resulta asaltar las cuentas bancarias. Luego vendrán impuestos sobre el patrimonio que se encargará de completar el festín.

Y todo eso para pagar la enorme deuda pública que carga cada país del mundo, deuda que tiene al borde de la crisis a la máxima potencia misma (USA), deuda que ha sido adquirida por los políticos para gastar a manos llenas generalmente en su propio beneficio, como elevados sueldos, mega primas, y caja menor enorme para sus tiempos de campaña que en casi todas partes se repite cada dos años. Que el ciudadano pague cuando llegue el momento, y mientras  tanto en casi todos los países se están fortaleciendo las leyes que regulan y penalizan la protesta social.

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