Lealtad procesal también aplica en el derecho tributario según el Consejo de estado

En reiterada sentencia la sección cuarta del Consejo de estado ha manifestado que en el derecho tributario, y en el proceso tributario, aplica también la llamada lealtad procesal que obliga a las partes actuar de forma leal  desde el inicio del proceso administrativo.

En una de las sentencias de la sección cuarta que se refieren a la lealtad procesal, se aborda el caso de un contribuyente que declaró un concepto como deducción y luego de iniciado el proceso administrativo por la Dian,  alegó que lo que había declarado como deducción era en realidad un costo, lo que consideró el Consejo de estado como desleal en los siguientes términos:

En las actuaciones administrativas y judiciales iniciadas para determinar los tributos, el deber de lealtad procesal supone que desde el comienzo del proceso, tano la Administración como los contribuyentes presenten los hechos y las razones jurídicas dirigidas a identificar los problemas jurídicos de relevancia tributaria que hay que resolver, sin perder de vista que quien tiene el conocimiento del hecho económico con relevancia tributaria es el contribuyente, porque es el que conoce de su empresa y/o de su situación económica particular. Por eso, el contribuyente actúa con deslealtad procesal cuando, una vez requerido por la autoridad tributaria para que justifique los hechos económicos declarados en su denuncio privado, explica la situación fáctica con sesgos ajenos a la verdad. El principio de la lealtad procesal gobierna el comportamiento de las partes en el curso de toda actividad procesal, y, en el caso de las actuaciones tributarias, gobierna desde que la Administración decide abrir la investigación referida al denuncio que el contribuyente presentó en cumplimiento del deber legal hasta que dicha actuación termina con los actos administrativos que deciden confirmar ese denuncio o modificarlo. De manera que, si la parte actora declaró en su denuncio privado, los hechos económicos objeto de debate, como deducción, debió probar que eran una deducción. Y si declaró que era una deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor, debió probar la existencia de las deudas, por una parte y, por otra, las razones que permitían tenerlas como manifiestamente perdidas y sin valor, conforme con los presupuestos establecidos en el artículo 146 del E.T. Como así no lo hizo, los actos administrativos se ajustaron a derecho.

Esto supone la obligación para el contribuyente de ser muy diligente en la proyección y elaboración de sus declaraciones tributarias,  por cuanto un error de este tipo puede significarle la improcedencia de alguna erogación importante,  que tal vez se deba a una error más no a un acto premeditado.

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