Los desplazados y el impuesto predial

La ley 1448 de 2011 se promulgó con el objetivo de reparar a las víctimas del conflicto armado interno colombiano, que en este caso específico operaria para los desplazados.

En ese sentido el artículo 121 de la ley señaló:

"ARTÍCULO 121. MECANISMOS REPARATIVOS EN RELACIÓN CON LOS PASIVOS. En relación con los pasivos de las víctimas, generados durante la época del despojo o el desplazamiento, las autoridades deberán tener en cuenta como medidas con efecto reparador, las siguientes:

  1. Sistemas de alivio y/o exoneración de la cartera morosa del impuesto predial u otros impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal o distrital relacionadas con el predio restituido o formalizado. Para estos efectos las entidades territoriales establecerán mecanismos de alivio y/o exoneración de estos pasivos a favor de las víctimas del despojo o abandono forzado.
  2. La cartera morosa de servicios públicos domiciliarios relacionada con la prestación de servicios y las deudas crediticias del sector financiero existentes al momento de los hechos a los predios restituidos o formalizados deberá ser objeto de un programa de condonación de cartera que podrá estar a cargo del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas."

No obstante, muchos municipios a través de sus concejos municipales han pasado por alto el mandato de la ley, y en sus acuerdos municipales o departamentales, no han contemplado circunstancias que permitan aliviar o exonerar de la carga a los desplazados.

Así fue como ocurrió en el caso específico del municipio de Santa Fé de Antioquia soló contempló la medida hasta el año 2013 mediante el acuerdo No 053.

No obstante, muchos desplazados ostentan su condición desde muchos antes de la ley, lo que podría traer consigo un problema mayor, y es la aplicación del principio de retroactividad. En razón de que los acuerdos emitidos por los municipios  o departamento con fundamento en la ley,  normalmente establecen una entrada en vigencia, sin contemplar retrospectivamente la condición del desplazado.

Sin embargo, para solucionar este inconveniente, la Corte Constitucional mediante sentencia T-347 de 2014, hace un análisis del principio de solidaridad, y señala:

" En este orden de ideas, como el municipio de Santa Fe de Antioquia desconoció un mandato constitucional de protección a la población que se encuentra en condiciones de extrema vulnerabilidad, víctima del desplazamiento forzado, como el señor Rodríguez, al cobrar el impuesto predial sobre un inmueble abandonado forzadamente, pues omitió dar un trato preferente en virtud del artículo 13 y del principio de solidaridad establecido en el artículo 95 de la Constitución, que se concreta en la obligación de asistir a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Así las cosas, aunque las medidas de exención previstas en el Acuerdo municipal 053 de 2013 tienen vigencia a partir del 20 de diciembre de dicho año, ello no es óbice para que, en virtud del principio de solidaridad y del principio de igualdad material, se exonere al accionante del impuesto predial causado mientras el actor no tuvo el uso, goce y disposición de su bien inmueble."

Por lo tanto, esta sentencia de tutela, a pesar de tener un efecto ínter partes, deja claro el mensaje de la Corte Constitucional hacia los municipios bajo el entendido de contemplar estas medidas especiales para los desplazados por ser este, no una facultad discrecional de los concejos, sino un mandato de la ley.

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