Medidas que pueden ser tomadas por el juez de tutela y agencia oficiosa

La tutela es una institución creada para la protección de los derechos fundamentales por ende su resolución es pronta y con términos muy cortos para que de manera urgente se satisfagan los derechos vulnerados por las autoridades encargadas de darles la correspondiente protección. Por lo mismo en el trámite de una acción de tutela el juez puede tomar todas las medidas necesarias para proteger el derecho conculcado aún antes de fallar al respecto.

De conformidad con lo señalado en el artículo 7° del decreto 2591 de 1991 el juez de tutela puede tomar cualquiera de las siguientes medidas provisionales para proteger el derecho alegado como vulnerado en la acción de tutela desde el momento en que se presento la solicitud:

  • Suspender la aplicación del acto concreto que este causando la amenaza al derecho fundamental.
  • Ejecutar de oficio o a petición de parte medidas de conservación o seguridad para evitar que se produzcan otros daños.
  • Ordenar todo lo que sea procedente para proteger el derecho.

En cuanto a la decisión del juez de tutela de suspender el acto que amenaza o vulnera el derecho fundamental, este de oficio o a petición de parte una vez decretada la suspensión provisional podrá disponer que se continúe con la ejecución de dicho acto con la finalidad de evitar perjuicios al interés público. En cuanto a cualquier otra medida cautelar el juez en cualquier momento, pero por decisión debidamente fundada podrá hacerla cesar.

Por otro lado en cuanto a la admisión de la agencia oficiosa en la tutela, esta es posible ejercerla cuando la persona a la que se le está vulnerando o violando el derecho fundamental no está en condiciones de poder ejercer la acción por sí misma, ya sea por incapacidad o por estado de indefensión.

La agencia oficiosa puede ser ejercida por cualquier persona, incluso por el defensor del pueblo y los personeros municipales; quien actúa como agente oficioso no necesita ser abogado porque incluso la misma persona que se vea vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales puede ejercer la acción por sí misma, lo que no significa que no se  pueda actuar por intermedio de apoderado

Sin embargo el requisito que impone el decreto 2591 de 1991 en su artículo 10 al agente oficioso es que se manifieste que se actúa como tal en la acción.

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