NIC 17. Arrendamientos. Clasificación

La clasificación de los arrendamientos adoptada en la NIC 17 se basa en el grado en que los riesgos y beneficios, derivados de la propiedad del activo afectan al arrendador o al arrendatario. Entre tales riesgos se incluyen la posibilidad de pérdidas por capacidad ociosa u obsolescencia tecnológica, así como las variaciones en el rendimiento debidas a cambios en las condiciones económicas. Los beneficios pueden estar representados por la expectativa de una explotación rentable a lo largo de la vida económica del activo, así como por una ganancia por revalorización o por una realización del valor residual.

Se clasificará un arrendamiento como financiero cuando se transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Por el contrario se clasificará un arrendamiento como operativo si no se han transferidos sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.

Como se puede observar, la nota delimitadora es que se produzca esa “transferencia sustancial” de riesgos y beneficios. La cuestión que se plantea es ¿cuándo se puede decir que se produce esa circunstancia? La propia norma responde desde una doble perspectiva:

  • Cuando se contemple la opción de compra en el contrato. En este caso se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción.

El problema no queda resulta de una forma precia al no establecer la NIC 17 cuáles son esas condiciones por las que debemos considerar que no hay dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra.

Podemos considerar que se va a ejercitar la opción de compra atendiendo al importe del valor residual en comparación con el valor de mercado, a la revocabilidad o irrevocabilidad del contrato y, en última instancia, a la alternativa seguida por la empresa al finalizar otros contratos de arrendamiento financieros, para bienes de análogas características a los del contrato en cuestión.

Así podemos entender que por las condiciones económicas del contrato no existen dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra entres otros, en los casos siguientes:

  • Cuando, en el momento de firmar el contrato, el precio de la opción de compra sea menor que el valor residual que se estima tendrá el bien en la fecha en que se ejercite la opción de compra.
  • Cuando el precio de la opción de compra en el momento de firmar el contrato sea insignificante o simbólico con relación al importe total del contrato de arrendamiento financiero.

Cuando existan dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra debemos proceder a contabilizar las cuotas de leasing como un arrendamiento operativo, esto es, como gasto del ejercicio.

  • Cuando no se contempla la opción de compra en el contrato. La NIC 17 nos indica que también se presumirá que se “transfieren sustancialmente” todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, entre otros en los siguientes casos:
  • Contratos de arrendamiento en los que la propiedad del activo se transfiere, o de sus condiciones se deduzca que se va a transferir, al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento.
  • Contratos en los que el plazo del arrendamiento coincida o cubra la mayor parte de la vida económica del activo, y siempre que de las condiciones pactadas se desprenda la racionalidad económica del mantenimiento de la cesión de uso.

El plazo de arrendamiento es el período no revocable para el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier período adicional en el que éste tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que al inicio del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará tal opción.

  • En aquellos casos en los que, al comienzo del arrendamiento, el valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento suponga la práctica totalidad del valor razonable del activo arrendado.
  • Cuando las especiales características de los activos objeto del arrendamiento hacen que su utilidad quede restringida al arrendatario.
  • El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario.
  • Los resultados derivados de las fluctuaciones en el valor razonable del importe residual recaen sobre el arrendatario.
  • El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo período, con unos pagos por arrendamiento que sean sustancialmente inferiores a los habituales del mercado.

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