Nuevamente a estudio de la Corte Constitucional concepto del Consejo de Estado sobre el monto de la pensión de vejez en el Régimen de Transición

Tras declarar la nulidad de la Sentencia C-825 de 2013 la Corte Constitucional volverá a fallar sobre la demanda que busca que se excluya la interpretación que le ha dado el Consejo de Estado a la expresión “monto  de la pensión de vejez”,  contenida en el art. 36 de la ley 100 de 1993.

Como bien recordarán los lectores, en la Sentencia C-825 del 13 de noviembre de 2013 la Corte Constitucional se ocupó de la demanda formulada por un ciudadano que pretendía que dicha Corporación interpretara la expresión monto de la pensión de vejez  contenida en el art. 36 de la ley 100 de 1993 en un sentido tal que excluyera la interpretación que a la misma le ha venido dando el Consejo de  Estado, según la cual para la liquidación de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de transición se debe tomar como Ingreso Base de Liquidación (IBL) el que resulte de aplicar el régimen pensional al cual se encontraba afiliado el solicitante al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones contenido en la ley 100 de 1993.

Según el demandante, con esa interpretación del Consejo de Estado se vulnera el derecho a la igualdad de los beneficiarios del régimen de transición que no están sometidos a la jurisdicción contencioso administrativa.

Es decir, la inconformidad del accionante radica en el trato desigual que reciben quienes están sometidos a la jurisdicción contenciosa administrativa, frente a quienes están sujetos a la jurisdicción ordinaria laboral, desigualdad que se hace visible en la medida en que mientras a los primeros se les liquida la pensión con el IBL previsto en el régimen anterior a la ley 100 de 1993 (Acuerdo No. 049 de 1990, por ejemplo), para los segundos se utiliza el consagrado en dicha ley, el cual les resulta menos favorable.

El estudio del caso por parte de la Corte Constitucional terminó con la sentencia mencionada al comienzo de este escrito, es decir, la  C-825 de 2013 en la que esa alta Corporación se declaró INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del aparte demandado que hace parte del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por  ineptitud sustantiva de la demanda.  Es de anotar que en esa ocasión hubo tres salvamentos de voto .

Ahora bien, el hecho es que la sentencia en cuestión fue proferida en forma irregular, lo cual dio lugar a que recientemente dicha Corporación declarara su nulidad y como consecuencia de ello dispusiera que el magistrado ponente presentara nuevamente  un proyecto de sentencia para de esa manera resolver definitivamente sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por el demandante.

Así lo informó la presidenta de la Corte a través de Comunicado 09 del 11 de marzo de 2015:

“La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió declarar de oficio la nulidad de la sentencia C-825 del 13 de noviembre de 2013, al encontrar que dicha decisión se adoptó sin el lleno de uno de los requisitos previstos en la ley y en el Reglamento Interno de esta Corporación, como es la existencia de mayoría suficiente para aprobar la decisión. En efecto, se acreditó que, por olvido e inadvertencia involuntaria, en la discusión y aprobación del proyecto presentado por quien vino a ser el Magistrado sustanciador, participó y votó de manera afirmativa un integrante de la Sala, a quien desde antes de la admisión de la demanda se le había aceptado impedimento para intervenir en la decisión de este caso. Así las cosas, teniendo en cuenta que el correspondiente proyecto fue aprobado por cinco votos favorables frente a tres negativos, el esclarecimiento de este error reduce el número de votos afirmativos por debajo del mínimo requerido para respaldar la aprobación de una sentencia de constitucionalidad, que es de cinco votos.

En consecuencia, el Magistrado ponente presentará nuevamente un proyecto de sentencia a consideración de la Sala Plena, para que ésta adopte la correspondiente decisión, a través de lo cual se resuelva definitivamente sobre esta acción de inconstitucionalidad. “

Así pues quedamos a la expectativa de lo que en esta nueva oportunidad  resuelva la Corte sobre tan importante asunto.

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3 Opiniones
  1. Néstor Mejía Duque dice:

    La anterior inquietud se refiere más bien a:
    Los Certificados Oficiales no tienen caducidad ?.
    Gracias.

  2. Néstor Mejía Duque dice:

    Por favor requiero la siguiente información:
    Cuál es la norma del Concejo de Estado que establece que:
    Los Formatos Oficiales no tienen caducidad ?.
    Gracias.

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