Para deducir deudas incobrables no hace falta un proceso judicial que las declare como tal

Los artículos 145 y 146 del estatuto tributario establecen la posibilidad de deducir deudas de difícil cobro o deudas manifiestamente perdidas, incobrables, y para que esa deducción proceda, no es requisito aportar un proceso judicial donde se evidencie la imposibilidad de recuperar la deuda como muchos funcionarios de la Dian lo exigen.

Estas normas se refieren de forma general a que se debe demostrar la condición de incobrables o de difícil cobro, sin que se ocupe de señalar cuáles son las pruebas o soportes particulares que se deben allegar para la procedencia de la deducción, de lo que se colige que un proceso judicial no es indispensable para ello, aunque de existir por supuesto que sería un excelente medio de prueba.

Frente a este tema se pronunció la sección cuarta del Consejo de estado en sentencia 181000 del 17 de noviembre de 2011 con ponencia de la magistrada Martha Teresa Briceño:

Sin embargo, en ninguna de las normas tributarias existentes sobre el tema se consagra tal exigencia, ya que si bien el artículo 79 del Decreto 187 de 1975 contempla como razones viables la insolvencia de deudores o fiadores y la falta de garantías reales, dichas causas no son las únicas valederas, ni constituyen una tarifa legal de la prueba, ya que el texto del artículo citado concluye que es pertinente probar "por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial", por lo que otorga así un amplio margen a los medios probatorios que se pueden aportar para tal fin, y en lugar alguno circunscribe su viabilidad a la demostración de un proceso judicial archivado. Así lo aclara la Jurisprudencia de la Sala al referirse a las pruebas que demuestran las razones para castigar la cartera por medios diferentes a la constancia de proceso judicial concluido.

La norma otorga  amplia libertad al contribuyente en cuanto a los medios de prueba que puede utilizar para demostrar la ocurrencia de los hechos que dan lugar a la deducción de deudas de difícil cobro o manifiestamente perdidas a los que se refieren los artículos 145 y 146 del estatuto tributario. Lo importante es que los medios de prueba allegados conlleven a tener la  certeza sobre la realidad de los hechos sin que se puede exigir la acreditación de una prueba en particular.

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