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Para imponer la sanción por devolución improcedente no hace falta que la liquidación de revisión esté en firme

Para que la Dian pueda imponer la sanción por devolución improcedente, no es requisito que la liquidación oficial de revisión que sirve de sustento a la sanción, esté en firme, ya que el artículo 670 del estatuto tributario sólo contempla que la liquidación oficial se haya notificado.

Algunos contribuyente han interpretado que si la liquidación oficial de revisión ha sido demandada en la jurisdicción contencioso administrativa y en consecuencia se encuentra en discusión, o lo que es lo mismo, no constituye un acto definitivo, no se puede imponer la sanción por devolución improcedente, puesto que existe la posibilidad de que la justicia al final del proceso le dé la razón al contribuyente, lo que supondría la desaparición de las cusas que dieron origen a la sanción por devolución improcedente.

Al respecto, ha dicho la sección cuarta del Conejo de estado en sentencia del 27 de enero de 2011, expediente 18262:

Es incomprensible que el demandante pretenda, en primer lugar, ligar la oportunidad para imponer la sanción por devolución improcedente a la fecha de la sentencia definitiva sobre el proceso liquidatorio, cuando el artículo 670 E.T. establece un único término para sancionar de dos años, contados “a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión”, sea ó no sometida ésta al control jurisdiccional. En ningún caso la norma exige que dicha liquidación se encuentre en firme; y en segundo, condicionar la demostración del hecho sancionable  a que se haya proferido la aludida providencia de segunda instancia en la jurisdicción, cuando la inexistencia del saldo a favor reconocido y devuelto al declarante deviene, para efectos sancionatorios, de la modificación efectuada en la Liquidación de Revisión, sin ninguna exigencia adicional.

De acuerdo a la jurisprudencia, no importa que la liquidación oficial sobre la que se basa la sanción por devolución improcedente pueda eventualmente ser anulada en la jurisdicción contencioso administrativa; en todo caso la sanción procede. Queda la duda entonces sobre lo que pasaría, y el procedimiento que abría que seguir si el contribuyente es obligado a pagar la sanción por devolución improcedente y luego se determina que nunca existió tal devolución improcedente.

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