Pongámonos de acuerdo

El año pasado fue emitida la circular 001 de 2013 DIAN, la cual regula el suministro de información administrada por la  DIAN a funcionarios del órgano judicial. En dicha circular se observa en el capítulo VI, lo siguiente:

"Las solicitudes de los municipios deben ser elevadas por los secretarios de hacienda o quien haga sus veces, y para las demás entidades deben suscribirlas los directores, gerentes o representantes legales a nivel local ante las Direcciones de su jurisdicción."

Ahora bien,  existen funcionarios de la contraloría  que revisten el carácter de policía judicial de conformidad con el artículo 10 de la ley 610 del año 2000, y dentro de sus funciones esta precisamente la de solicitar información a las autoridades judiciales. En consecuencia existe un impedimento en la circular para efectuar labores que la misma ley asigna a un grupo de funcionarios.

¿En qué consiste el impedimento? En que dichas solicitudes no las puede efectuar un funcionario normal así esté dentro de sus funciones expresamente, sino que debe suscribirse la solicitud por los directores, gerentes o representantes legales a nivel local  en las respectivas jurisdicciones. Es decir, la circular quedó descontextualizada.

Ante dicho problema, un funcionario de la DIAN decide solicitar un pronunciamiento oficial por parte de la  dirección de gestión jurídica de la institución, que a su vez de forma textual responde:

“Así las cosas y en atención a la graduación normativa propia del ordenamiento jurídico colombiano, considera éste Despacho que no es legítimo negar de manera genérica la entrega de información administrada por la DIAN á solicitudes que no han sido suscritas por el director, gerente o representante legal a nivel local de la entidad pública que la requiere para el ejercicio de sus funciones, toda vez que primaria la aplicación de una disposición consagrada en una circular interna sobre hormas de mayor rango; de manera que habrá de observarse en cada caso la normatividad aplicable, para efectos de singularizar el servidor público competente para solicitar información, aún la de carácter reservado”.

Quiere decir, que ella división de gestión jurídica pretende DESCONOCER el principio de legalidad que reviste la circular, y desmerita su validez ante una norma de rango superior. Interesante apreciación si se tratara de un privado, pero como estamos frente a una dependencia de una institución, el asunto es de otras proporciones.

Lo que propone quien emitió el concepto, es desconocer en sí las facultades del director de la DIAN y pretender validar otra serie de prácticas contrarias a sus disposiciones. ¿No hubiese sido mejor emitir una circular modificando ese apartado? Desde luego que sí.

Esto demuestra una vez más, que entre la división de gestión jurídica de la entidad y la dirección no existe sinergia, ¿y si no la tiene la institución internamente, como pretender que los contribuyentes la tengamos con la entidad?

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